El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, solicitó suspender provisionalmente el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras se estudia una tutela interpuesta por el mandatario.
Esta medida busca impedir decisiones de fondo en el caso, al considerar que podría estarse violando el debido proceso y el fuero constitucional del jefe de Estado.
La acción de tutela fue seleccionada el pasado 28 de febrero por la Sala de Selección 02 de la Corte, conformada por los magistrados Cristina Pardo y Vladimir Fernández. En ella, el presidente Petro cuestiona la competencia del CNE para investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, afirmando que esta función le corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dado su fuero especial como mandatario en ejercicio.
La defensa del presidente sostiene que una decisión del Consejo de Estado, que avaló la competencia del CNE, desconoció ese fuero constitucional. A raíz de ello, el presidente Petro elevó la tutela que ahora estudia la Corte y cuya admisión ya activó la práctica de pruebas.
Como parte de ese trámite, el alto tribunal ordenó al CNE y a la Comisión de Acusaciones remitir copias completas de los expedientes en curso y un informe detallado de cada actuación relacionada con el caso. Adicionalmente, la magistrada auxiliar Diana Millán fue comisionada para realizar una inspección judicial sobre casos anteriores relacionados con expresidentes de la República.
Este análisis busca determinar si ha existido un trato desigual o criterios contradictorios frente a precedentes similares. Sin embargo, el proceso en el Consejo Nacional Electoral ya se encuentra en la etapa de juicio, con ponencias de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes formularon cargos por presunta financiación irregular.
Según trascendidos, la mayoría de los magistrados de esa corporación estarían inclinados a sancionar la campaña. A su vez, de acogerse la solicitud de Fernández, ese juicio podría quedar suspendido temporalmente.
La decisión del magistrado se enmarca en la garantía del derecho al debido proceso y al juez natural, lo cual refuerza la estrategia jurídica del presidente. Si la Corte le da la razón, no solo se invalidaría el proceso en el CNE, sino que se establecería un precedente clave: que solo la Comisión de Acusaciones puede investigar a un presidente en ejercicio.
Finalmente, la eventualidad podría redefinir el tratamiento judicial en casos de altos funcionarios del Ejecutivo y blindar la figura presidencial frente a investigaciones de órganos no competentes.
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