La crisis migratoria y la falta de medidas suficientes son motivo de preocupación.
La Procuraduría General de la Nación ha concluido, tras una reunión con entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías encargadas de atender la crisis migratoria en Antioquia, Chocó y Norte de Santander, que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para abordar el creciente flujo de migrantes provenientes de al menos siete países, quienes mayormente tienen como destino final Centroamérica y Estados Unidos.
Se advirtió que el tema migratorio fue asignado a un grupo interno de trabajo por parte del Gobierno, lo cual ha disminuido su capacidad de gestión en comparación con el enfoque anterior en una gerencia específica.
El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, quien lidera las acciones preventivas de la procuraduría frente a la crisis, hizo hincapié en la urgencia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y establezca una ruta clara de acción a nivel nacional y territorial.
Además, se insistió en la necesidad de involucrar a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no limitándose únicamente a solicitar informes de cumplimiento, sino integrando las medidas establecidas en la ley 2136 de 2021 al contexto particular de cada región.
El delegado Sarmiento resaltó la iniciativa de las gobernaciones de Antioquia y Chocó, quienes han establecido una instancia conjunta para atender a la población migrante.
Se advirtió también que el papel de la cooperación internacional en el seguimiento, asistencia y orientación de la población migrante no recae como una responsabilidad, sino más bien como una labor de apoyo y fortalecimiento de las capacidades institucionales, que está limitada en tiempo y recursos.
La Procuraduría General de la Nación hace un llamado a abordar de manera urgente esta crisis migratoria, garantizando la protección de los derechos humanos y promoviendo soluciones reales para afrontar esta situación que persiste y se agrava cada día.
Preocupación por crisis migratoria en Cúcuta y el Darién
Durante el encuentro, se verificó la implementación de 48 recomendaciones clave establecidas en un informe preventivo emitido por la delegada para los Derechos Humanos en enero pasado. La procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación por la falta de presencia estatal en los territorios afectados, afirmando que es imperativo establecer una institucionalidad permanente en estas regiones.¡Alerta ? migratoria en Cúcuta y Tapón del Darién! La @PGN_COL exige acciones contundentes por parte del Estado para proteger a los migrantes. #CrisisMigratoria #EsNoticia https://t.co/paX2L1Ek7I pic.twitter.com/mAns3kwszZ
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 4, 2023
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El Ministerio Público destacó las graves preocupaciones respecto a la vulnerabilidad de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros abusos.
Se advirtió que el tema migratorio fue asignado a un grupo interno de trabajo por parte del Gobierno, lo cual ha disminuido su capacidad de gestión en comparación con el enfoque anterior en una gerencia específica.
El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, quien lidera las acciones preventivas de la procuraduría frente a la crisis, hizo hincapié en la urgencia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y establezca una ruta clara de acción a nivel nacional y territorial.
Además, se insistió en la necesidad de involucrar a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no limitándose únicamente a solicitar informes de cumplimiento, sino integrando las medidas establecidas en la ley 2136 de 2021 al contexto particular de cada región.
Protección a migrantes
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El delegado Sarmiento resaltó la iniciativa de las gobernaciones de Antioquia y Chocó, quienes han establecido una instancia conjunta para atender a la población migrante.
Se advirtió también que el papel de la cooperación internacional en el seguimiento, asistencia y orientación de la población migrante no recae como una responsabilidad, sino más bien como una labor de apoyo y fortalecimiento de las capacidades institucionales, que está limitada en tiempo y recursos.
La Procuraduría General de la Nación hace un llamado a abordar de manera urgente esta crisis migratoria, garantizando la protección de los derechos humanos y promoviendo soluciones reales para afrontar esta situación que persiste y se agrava cada día.
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