En una intervención durante el Consejo de Ministros de este lunes, 7 de abril, el presidente Gustavo Petro denunció la existencia de una estructura criminal enquistada en el corazón de las empresas de seguridad privada en Colombia.
Según el mandatario, durante más de tres décadas la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha servido, directa o indirectamente, como plataforma para la expansión del paramilitarismo, facilitando el acceso de organizaciones criminales a armamento y personal de seguridad con licencias oficiales.
“Porque la Superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo. Y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales”, afirmó.
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Para el presidente, lo que existe actualmente es un escenario de “consejo oficial y hombres armados” al servicio de intereses ilegales, en donde empresas privadas de seguridad —creadas legalmente— han terminado sirviendo como escoltas de grandes capos del crimen organizado. “El Estado está cuidando a los capos con armas oficiales”, sentenció.
Un sistema fuera de control
El jefe de Estado señaló que el origen del problema se remonta a 1993, año en que fue creada la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo el gobierno de César Gaviria. Desde entonces, se han otorgado 2.019 licencias de funcionamiento a empresas de vigilancia, sin que existiera un sistema de control efectivo sobre su operación.
“Imagínense, 2.019 empresas de vigilancia. Si es difícil controlar una entidad pública como la Policía, ahora pensemos en miles de entidades privadas con hombres armados, muchas de ellas sin supervisión real”, indicó.
Actualmente, los sistemas de información oficiales reportan 1.351 empresas activas: 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Sin embargo, hay 197 empresas más con licencias vigentes que figuran como inactivas en el sistema, lo que representa una grave brecha de control. “Escapan a su control, pero actúan. Lo que significa armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”, alertó el presidente.
Armas oficiales en manos del crimen
Uno de los puntos más delicados de la intervención presidencial fue la revelación del número de armas en circulación: los sistemas de la Superintendencia identifican 40.692 armas particulares con licencia oficial. Pero al revisar los registros históricos y cruzar la información con empresas inactivas y entregas previas —incluidas las 20.000 armas entregadas durante el gobierno de Álvaro Uribe a estructuras de autodefensa en Antioquia— el gobierno encontró un total de 62.664 armas cuya ubicación se desconoce.
“¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado o con licencia del Estado”, denunció el Presidente. “Es un ejército privado. Esto se llama paramilitarismo”.
El mandatario también señaló que, pese a los esfuerzos actuales, apenas 16 licencias fueron canceladas en el último año por haber sido tramitadas de forma irregular, incluso con la participación de funcionarios nombrados en esta administración. Estos servidores públicos, según dijo, fueron retirados de inmediato y denunciados ante la Fiscalía.
Sabotajes internos y sistemas “chimbos”
La gravedad de la situación se agrava por el deterioro estructural de los sistemas tecnológicos de la Supervigilancia, que presentan un atraso de al menos 20 años. El presidente calificó los sistemas como “chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que ha permitido que muchas de estas empresas operen bajo la sombra sin ser detectadas.
Además, denunció actos de sabotaje desde dentro de la entidad por parte de funcionarios infiltrados, presuntamente al servicio de grupos ilegales. “Las acciones que se han adelantado han llevado al sabotaje de los sistemas de información desde dentro de la entidad”, afirmó, subrayando que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.
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Capturas y extinción de dominio
Como parte de los operativos adelantados en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de los representantes legales de tres empresas de vigilancia: Seguridad Sara Ltda., Pretorian Security Ltda. y Seguridad Securbel Ltda., con pruebas que demuestran su vínculo con organizaciones al margen de la ley.
A estas compañías se les aplicó la extinción de dominio, y sus bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El presidente, por su parte, indicó que su gobierno busca transformar esta situación en una oportunidad para la justicia social, y propuso que los trabajadores se asocien en cooperativas y se conviertan en propietarios de estas empresas.
“Creo que una solución es cooperativizar a los mismos celadores y agentes de seguridad de base, y que se vuelvan dueños de las empresas, y las pongan a hacer lo que deben hacer”, afirmó.
El archivo de las CONVIVIR: una bomba de tiempo
Finalmente, el presidente Petro insistió en la importancia de rescatar y estudiar los archivos de las CONVIVIR —las cooperativas de seguridad rural promovidas en los años 90—, cuyo funcionamiento está relacionado con el fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia.
“Son 54 cajas con documentos que ahora deben pasar al Archivo General de la Nación. Quiero que lo hagan rápido, o terminan quemadas”, advirtió. Incluso puso en duda la neutralidad de la vigilancia de la misma Superintendencia: “La misma Superintendencia es vigilada por una de estas empresas. Espero sea decente… pero quién sabe”.
Esta radiografía cruda del vínculo entre empresas de seguridad y organizaciones criminales es una revelación que pone en discusión el inmenso poderío de estas estructuras. Ahora queda el reto de implementar medidas concretas para sanear el sector y devolverle el control al Estado y a la ciudadanía en un asunto tan sensible como lo es el monopolio de las armas.
La revisión en curso liderada por la Superintendencia de Vigilancia, según el presidente, representa el primer intento serio de la institucionalidad por desmontar redes de corrupción y connivencia con estructuras ilegales que, por décadas, operaron con total impunidad.
