En entrevista, el exparamilitar, José Everth Veloza García, alias "HH”, dijo que no es cierta la versión de Chiquita Brands, de que fueron obligados a financiar grupos paramilitares. Sobre esto, aclaró que “las empresas bananeras, así como ganaderos e incluso Coca Cola y Postobón, aportaron económicamente” para financiar el paramilitarismo en Colombia.
“No fueron obligados. Cuando yo llegué a la zona bananera, el objetivo era liberar toda la zona donde había cultivos de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros e impedir que la guerrilla hiciera presencia en esa zona, así que no lo hicieron obligados”.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, se refirió al hecho, e hizo un llamado a recuperar el pacto democrático perdido en la época del paramilitarismo.
Convirtieron el Estado Social de Derecho que ordenaba la Constitución en una gobernanza paramilitar de facto.
Por eso rompieron el pacto democrático que hay que recuperar. https://t.co/e5nnxHv30l— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2024
Las declaraciones de alias “HH” se dan en el contexto del reciente fallo del tribunal estadounidense en el que se halló responsable a Chiquita Brands de financiar grupos criminales, por lo que fue condenada a indemnizar a 8 víctimas del paramilitarismo.
¿Quién es Alias HH?
Alias "HH", integró las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1994 y fue comandante del Bloque Bananero y luego del Bloque Calima. Fue responsable de más de 3.000 delitos confesados, más de 1.800 muertes de campesinos, indígenas, sindicalistas y líderes sociales en el Urabá, así como masacres en Antioquia, Valle del Cauca y Cauca, como la masacre del Naya, Alaska, Sabaletas, Chigorodó entre otras.
Fue extraditado a Estados Unidos, en el 2009, en el marco de la ley de Justicia y Paz y actualmente, se encuentra recluido en un centro carcelario en Colombia.
También, el exparamilitar relató que la Ley de Justicia y Paz fue importante en el juicio del tribunal estadounidense contra Chiquita Brands, y, sin embargo recalcó que, esta ley diseñada en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y los paramilitares, solo contempló la versión y juicio de grupos armados mientras que las empresas financiadoras les correspondió la justicia ordinaria, lo cual explica en parte la poca celeridad de la justicia colombiana en el esclarecimiento del papel de la empresa privada y estatal en el conflicto colombiano.
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