La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado medidas urgentes frente a las preocupantes denuncias de presuntas interceptaciones ilegales dirigidas contra sus magistrados y magistradas.
En un comunicado oficial, la JEP ha informado que ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que inicien una investigación exhaustiva sobre estos incidentes.
La solicitud surge luego de que varios medios de comunicación divulgaran ampliamente que la Fiscalía General de la Nación había comenzado una investigación similar a raíz de denuncias presentadas por los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional.
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Estos altos funcionarios del sistema judicial colombiano habrían sido objeto de interceptaciones ilegales en sus comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y datos financieros.
La JEP expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias de estos actos ilícitos, subrayando que la confirmación de tales prácticas afectaría gravemente la independencia y autonomía de la institución.
La Jurisdicción Especial para la Paz informa que le ha solicitado a la @FiscaliaCol y a las autoridades competentes investigar las presuntas interceptaciones ilegales que se estarían realizando en contra de los despachos de las magistradas y magistrados de esta institución. pic.twitter.com/VTjtwAPDcK
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 25, 2024
Además, señaló que representaría una seria contradicción con los principios democráticos fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho de Colombia, además de constituir una amenaza directa a la seguridad de sus magistrados y magistradas.
En el contexto del comunicado, se recordó que durante el año 2023 los magistrados de la JEP recibieron amenazas de muerte debido a la labor que desempeñan dentro del marco constitucional y legal del país.
Por lo tanto, la JEP considera imperativo realizar una verificación exhaustiva para determinar las causas y responsables de estos hechos alarmantes.
Finalmente, la JEP hizo un llamado enfático a las autoridades judiciales pertinentes para que investiguen diligentemente estos incidentes y sancionen a todos los responsables.
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Asimismo, solicitó que los recursos destinados a las investigaciones iniciadas por la Corte Constitucional se amplíen para incluir también los actos que afectan a los magistrados y magistradas de la JEP, asegurando así la protección y el funcionamiento adecuado de la justicia transicional en Colombia.
