La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias contra un grupo de excongresistas, exgobernadores y un general, a raíz de los señalamientos realizados por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, jefe del Clan del Golfo.
Según un reporte de la W, ‘Otoniel’ entregó un listado de 63 colaboradores del Clan y de grupos paramilitares a la JEP, justo cuando su extradición a los Estados Unidos se encontraba en proceso.
Este testimonio reservado fue rendido desde una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, y ha llevado a la JEP a compulsar copias para que se inicien investigaciones sobre varios funcionarios.
Los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli señalaron en su auto a varios políticos de alto perfil, incluyendo:
- Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, quien es acusado de haber ordenado el asesinato del congresista rival Octavio Sarmiento.
- Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, señalado de recibir financiamiento de los paramilitares del Casanare.
- Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, quien presuntamente recibió apoyo paramilitar a cambio de respaldo político desde el Senado.
- Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, vinculado al Bloque Centauros y que participó en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.
Además, la JEP investigará al exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, acusado de utilizar la universidad para realizar contratos que beneficiaban a los paramilitares; así como a Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare.
La investigación se extenderá a todos los diputados de la Asamblea del Casanare durante el periodo 2000-2003, y también incluirá a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, así como a toda la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que tuvo mando entre 2000 y 2006.
La decisión de la JEP marca el inicio de una investigación significativa sobre los nexos políticos del Clan del Golfo, que según ‘Otoniel’, se extendieron incluso a ministros de Estado y altos mandos militares.
Este desarrollo pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el poder político y los grupos armados en Colombia, y la necesidad de esclarecer la verdad en el marco del conflicto armado.
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