Por Pablo César Guevara
Jefe de Emisión de RTVC Noticias
Como en un capítulo interminable e ignominioso de El proceso de Franz Kafka, Hollman Morris lleva más de 20 años sentado en el banquillo mediático de los acusados sin una sola condena en su contra. Sin embargo, la campaña que busca acabar con su reputación está lejos de terminar.
Aunque la ley colombiana y los tratados internacionales estipulan que nadie puede ser declarado culpable hasta que se le demuestre lo contrario, en el caso de Morris el principio ha operado al revés:
"Es culpable hasta que demuestre que es inocente".
La presunción de culpabilidad, que es un lastre en la historia de la humanidad, llevó a grandes atropellos como la Inquisición, los juicios por herejía, los juicios de Salem, el macartismo y la "caza de brujas" en EE. UU.
Los efectos de un sistema o una sociedad que opera bajo la presunción de culpabilidad son devastadores, y más si no se trata de tribunales de justicia, sino de juicios mediáticos en los que "las sentencias condenatorias" se producen en tiempo real.
En esos "tribunales", en los que a veces ni siquiera hay derecho a responder o se debe responder lo que "el juez" quiere escuchar, se invierte la carga de la prueba y el acusado debe demostrar su inocencia en medio de andanadas de prejuicios o presiones externas.
El resultado de estos "enjuiciamientos" termina en la destrucción de reputaciones, aunque posteriormente se demuestre la inocencia de una persona en verdaderos procesos judiciales cubiertos con todas las garantías de la legítima defensa.
Pero la estigmatización suele ser irreversible. Además, en algunos casos la intención soterrada es inducir a la opinión pública, pero sobre todo a los verdaderos y legítimos tribunales de justicia, a llevar a la cárcel a "los enjuiciados".
Y los ejemplos sobran en la historia. En 2022, los tribunales mediáticos y las redes sociales condenaron al actor Johnny Depp tras la acusación de su expareja Amber Heard de "abuso emocional, verbal y físico excesivo".
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Al final, el jurado determinó que Heard difamó a Depp en una columna de The Washington Post, pero la reputación del actor ya había sufrido daños irreparables.
Otro recordado caso afectó al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado en un juicio con claros y evidentes intereses políticos. Aunque posteriormente su condena fue anulada, la campaña mediática causó un fuerte impacto en su imagen por años.
En otro contexto, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el capitán Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés, fue falsamente acusado de traición y condenado al exilio. Aunque años después fue exonerado, fue convertido en un símbolo de deshonra y, sin pruebas reales, castigado por la opinión pública.
Y es lo que le ocurre a Hollman Morris en la era digital, con acusaciones que han ido desde terrorista hasta abusador. Lo paradójico es que cuando los señalamientos han sido abordados por autoridades judiciales, han sido desestimados. El resultado final: no tiene ni una sola condena en su contra, ni de jueces penales ni disciplinarios.
La línea editorial
Que en la actualidad haya líneas editoriales en medios privados que propenden por generar zozobra, incertidumbre y caos en el país, y actuar como partidos de oposición, puede ser respetable aunque también discutible. Pero que los medios públicos deban asumir el mismo rol es absurdo.
Desde que Hollman Morris llegó a RTVC, ha insistido en que la línea editorial debe ser la defensa de la Constitución de 1991, la paz y las causas populares, los derechos humanos y darle voz a las víctimas y a las minorías.
Y, en gracia de discusión, ¿no debe ser esa la línea editorial de unos medios públicos en un país como Colombia?
Es comprensible que los medios tradicionales, como empresas privadas, puedan tener como una de sus misiones principales la generación de rentabilidad. No es coincidencia que todo el tiempo se estén midiendo por índices de sintonía y audiencia frente a sus competidores, buscando mayores ingresos por pauta comercial y, de paso, influyendo en la opinión pública.
Tampoco que, de acuerdo con esas mediciones, segmenten sus audiencias y sus contenidos, y busquen priorizar espacios de entretenimiento masivo en respuesta a las demandas del mercado.
Pero, ¿esa debe ser la función de los medios del Estado?
Estudios alrededor del mundo dan cuenta de que entre las funciones de los medios públicos están asegurar la cobertura en zonas remotas o vulnerables (como ha ocurrido con las Emisoras de Paz), producir contenido educativo y cultural, y fomentar la diversidad y el pluralismo haciendo visibles a las minorías étnicas, lingüísticas y sociales.
Además, deben promover la identidad nacional, el patrimonio cultural y experimentar con formatos sin depender de ratings o anunciantes.
Los contratos en RTVC
En un claro, y tal vez soterrado, desconocimiento de la ley, opinadores mañaneros que se han opuesto sin disimulo a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República —que buscaba, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los periodistas— hablan de "despidos" en RTVC.
Sin convertirme en un "juez" de los colegas e inferir de manera perversa que esos opinadores están desinformando al hablar de "despidos", habría que recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano están establecidos, sin que se hayan podido modificar hasta el momento, los contratos de prestación de servicios, que tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación.
A través de esos contratos de prestación de servicios, no solo en RTVC, sino en todo el Estado colombiano desde la expedición de la Ley 80 de 1993, millones de ciudadanos han entrado y salido de las instituciones nacionales.
Pero, en un hecho quizá con exiguos precedentes, nunca antes había habido tanta preocupación por la salida o cambios de los contratistas en una entidad pública nacional. En un artículo anterior mencioné lo ocurrido, por ejemplo, con Canal Capital en años anteriores. ¿Y dónde estuvo la solidaridad del gremio? ¿Dónde estuvieron las "rasgadas de vestiduras" por personas que quedaron en la calle?
Por otro lado, sobre las denuncias de supuesto maltrato o acoso laboral contra Morris, el ordenamiento jurídico prevé que la primera instancia para dirimir esos casos es el comité de convivencia de RTVC, antes de darles trámite en organismos como la Procuraduría.
Y resulta que en este momento no hay ni una sola queja en su contra.
Entonces, el camino fácil ha sido salir a destruirlo en "tribunales mediáticos", pero no seguir los debidos procesos en los que, tal vez sin pruebas, "los acusadores" luego deban enfrentar procesos por injuria y calumnia.
En una falta al rigor periodístico que exige el contraste de versiones, los detractores de Hollman Morris, en el gremio, publican "la denuncia" sin confrontar si representa un estado de las cosas en la entidad o simplemente la voz de una persona inconforme por no haber continuado trabajando en RTVC. Entrando en el campo de las suspicacias propias de nuestros colegas, pareciera que el principal objetivo de estas "investigaciones" es enlodar a Morris, a los medios públicos y de paso al gobierno del presidente Gustavo Petro con una "solidaridad" que en otros casos ha brillado por su ausencia.
Para concluir, es claro que si todas las personas con contratos de prestación de servicios en el Estado, en los últimos 30 años, hubieran salido a denigrar y a mancillar a personas o responsables de entidades por la no renovación de estos acuerdos entre las partes, las líneas editoriales y las franjas de contenido de los medios privados tal vez serían otras, incluyendo su opinión sobre gobiernos pasados que sí les generan tanta simpatía.
