La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó la solicitud del Grupo Aval en el marco de investigaciones por caso Odebrecht.
El acuerdo de procesamiento diferido suscrito por Corficolombiana y el Grupo Aval con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos surgió a raíz de acusaciones de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en el contexto del caso Odebrecht. Corficolombiana y el Grupo Aval aceptaron el acuerdo, comprometiéndose a pagar una multa considerable para poner fin a las investigaciones. Sin embargo, este acuerdo no solo implica un desembolso económico, sino que también conlleva implicaciones legales y reputacionales de gran envergadura. Mira acá: Odebrecht: Grupo Aval deberá pagar $40 millones de dólares en EE.UU.
Grupo Aval: solicitud de colaboración judicial y evaluación de inhabilidades
La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, solicitó formalmente al canciller Álvaro Leyva que a través de canales diplomáticos obtenga información sobre las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana. Esto es un paso crucial en el proceso de evaluación de si las empresas del Grupo Aval están inhabilitadas para la contratación pública. El proceso de determinar si el Grupo Aval está inhabilitado para contratar con el Estado debido a las acusaciones de prácticas corruptas representa un desafío legal y ético significativo. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado debe evaluar si el acuerdo de procesamiento diferido implica una admisión de prácticas corruptas y si esto afecta la idoneidad del grupo para participar en licitaciones públicas. La complejidad radica en distinguir la responsabilidad colectiva de la individual y en definir si los pormenores del acuerdo llegaron a la alta gerencia. Si se determina que el Grupo Aval está inhabilitado para contratar con el Estado, la repercusión en los contratos públicos de sus filiales podría ser drástica. El grupo se vería obligado a ceder estos contratos a terceros y emprender procesos de reparación de los daños causados al Estado. Un caso similar ocurrió con la Unión Temporal Centros Poblados en el ámbito de las TIC, evidenciando la gravedad de las consecuencias. La colaboración judicial entre Colombia y los Estados Unidos es crucial para esclarecer los detalles de las acusaciones y llegar a una conclusión justa. La cooperación entre la SEC, el FBI y las autoridades colombianas es vital para el desarrollo de este proceso y para garantizar que se apliquen las leyes adecuadas.
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