Esta decisión responde al estado de conmoción interior declarado en 12 municipios del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y el accionar de grupos armados ilegales.
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El 24 de enero de 2025, el Gobierno decretó el estado de conmoción interior en los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú (en el departamento de Norte de Santander), así como en los municipios de González y Río de Oro (en el Cesar). Esta medida se toma en un contexto de creciente violencia que ha dificultado la movilidad de los habitantes de estas localidades.
Para evitar que la situación de violencia afecte aún más a los usuarios del transporte terrestre de pasajeros, el Ministerio de Transporte emitió el Decreto 0120 del 30 de enero de 2025, que establece medidas excepcionales para las empresas de transporte público que operan en esta región.
El decreto autoriza a las empresas legalmente constituidas a operar sin restricciones de rutas, recorridos y horarios específicos, lo que les permitirá ofrecer el servicio en cualquier vía que conecte los municipios afectados por la conmoción interior. Esta flexibilización busca garantizar que la población pueda desplazarse con mayor libertad, a pesar de las dificultades que enfrenta el transporte en la región.
Esfuerzos del Gobierno para garantizar la seguridad
El Gobierno Nacional también ha hecho hincapié en que las empresas de transporte deben coordinar sus operaciones con las autoridades locales, como la Policía Nacional y el Ejército, para asegurar la seguridad de los pasajeros y el personal. Además, se establece que las empresas deberán colaborar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) en caso de necesitar recorrer rutas alternativas debido a los daños en infraestructuras viales.
De acuerdo con la Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte, existen actualmente 88 rutas registradas que conectan los municipios en conmoción interior con otras zonas del país, operadas por 10 empresas autorizadas. Estos vehículos incluyen desde automóviles hasta buses y microbuses, los cuales deben seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de sus trayectos.
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Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno por aliviar los efectos de la violencia en el Catatumbo y proporcionar a los ciudadanos las condiciones necesarias para desplazarse con normalidad, a pesar de los obstáculos presentados por el conflicto armado. Además, se espera que la flexibilización en las condiciones de transporte sirva como un primer paso para la estabilización de la región y la recuperación de la confianza de la población en los servicios públicos.
No obstante, el Decreto también subraya que el transporte sólo podrá ser prestado por empresas legalmente constituidas y habilitadas, buscando evitar que los grupos ilegales o informales tomen el control de la operación del transporte público en la región.
En un contexto complejo como el del Catatumbo, el esfuerzo del Gobierno por reactivar el servicio de transporte público con medidas excepcionales es una muestra de su empeño en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en continuar trabajando por la pacificación de esta zona crucial para el país.
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