La investigación contra César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), por presunto acoso sexual avanza en la Fiscalía. Desde enero de 2024, cuando se presentó la denuncia. El proceso ha estado bajo la lupa de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La denunciante, Ingrid Aguirre, exsecretaria privada de la Alcaldía de Santa Marta y congresista, ha señalado que Lorduy le pidió dinero y favores sexuales a cambio de no revocar la candidatura de Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, a la Alcaldía de Santa Marta.
A pesar de la gravedad de la denuncia, durante los primeros meses del año, el caso pasó relativamente desapercibido. Sin embargo, la situación cambió a finales de septiembre, cuando Lorduy fue elegido como presidente del CNE. Su ascenso a la presidencia reavivó la atención mediática y política sobre las acusaciones en su contra, especialmente en un contexto marcado por la reciente decisión del CNE de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por irregularidades en su financiación. Esta coincidencia ha despertado suspicacias sobre la posible relación entre la denuncia y la investigación contra la campaña de Petro.
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La Fiscalía ha confirmado que ha realizado varios actos de investigación, incluyendo la recolección de pruebas y la toma de declaraciones, pero hasta ahora no se ha anunciado ningún resultado concluyente. Según fuentes del ente acusador, también se ha escuchado a testigos clave en el caso, lo que indica que la investigación sigue su curso.
Ingrid Aguirre, la congresista de Fuerza Ciudadana
Ingrid Aguirre ha sido una figura central en la política del Magdalena, siendo la única representante de Fuerza Ciudadana que logró una curul en las elecciones de 2022. Su denuncia contra Lorduy ha tenido un fuerte eco, al punto que el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente exigiendo la renuncia del magistrado.
Según Ingrid Aguirre, el presidente del CNE le solicitó 500 millones de pesos a cambio de facilitar la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, permitiendo así la participación del partido en las elecciones regionales del 29 de octubre. Esta petición habría ocurrido en una reunión en la oficina de Lorduy en Barranquilla, en presencia del político Rafael Alejandro Martínez. Aguirre también detalló un segundo encuentro el 15 de septiembre, en el que Lorduy reiteró la solicitud de dinero y sugirió una reunión entre líderes de Fuerza Ciudadana y Cambio Radical para asegurar la permanencia de la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta.
En un tercer encuentro, el 25 de septiembre en Bogotá, Aguirre denunció que Lorduy le hizo insinuaciones sexuales. Según su relato, tras mostrarle un documento que formalizaba la revocatoria de la candidatura de Caicedo, Lorduy insinuó que, al no haberse entregado el dinero, Aguirre podría "pagar el favor de otra forma", refiriéndose a favores sexuales como alternativa. Tras rechazar estas exigencias, el CNE revocó oficialmente la candidatura de Caicedo el 26 de septiembre. La denuncia sigue en proceso de indagación bajo la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema, y la congresista ha ampliado su declaración en mayo de 2024, respaldada por el testimonio de un testigo clave en la investigación.
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Lorduy también estaría implicado en una muerte en 1979
Además del escándalo por acoso sexual, Lorduy enfrenta otro antecedente polémico: su supuesta implicación en la muerte de una menor de edad en 1979. Aunque este hecho ocurrió hace décadas, ha resurgido como parte de las controversias que rodean al presidente del CNE.
Mientras la Fiscalía continúa sus indagaciones, figuras políticas, como la representante Luz Pastrana de Cambio Radical, han opinado sobre la situación, sugiriendo que lo más prudente sería que Lorduy se apartara de su cargo mientras avanza la investigación. "Lo ideal sería que se apartara", expresó Pastrana en una entrevista, destacando la importancia de que el proceso judicial se desarrolle sin interferencias.
El caso de César Lorduy sigue generando debate, especialmente en un momento delicado para el CNE, cuya independencia y transparencia están siendo cuestionadas tanto por políticos como por la opinión pública.
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