Entre los proyectos críticos, denunciados por el Departamento Nacional de Planeación, hacen referencia a un contrato por $48.950 millones de pesos en el departamento del Meta, aprobado por el OCAD-Paz. El objetivo del proyecto debía mejorar 10,9 kilómetros de vías en municipios afectados por la violencia.
🏦💰RTVC Noticias hace seguimiento a las denuncias por posible corrupción en más de 12 billones de pesos de los recursos de las regalías que fueron adjudicados en los últimos 7 años, varios de los millonarios contratos no fueron ejecutados.
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El contrato tenía un plazo de ejecución de tres años, iniciando el 29 de septiembre de 2021 y terminando el 30 de septiembre de 2024. Según el documento, el avance físico es de un 61,31% y un avance financiero de un 66,13%.
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El contratista encargado de ejecutar la obra es el Consorcio Inter Chafurray 2020, quienes recibieron más de $45 mil millones de pesos. La interventoría asignada a este proyecto fue el Consorcio Vía Ruta 64, con una asignación de más de $3 mil millones de pesos.
Otro de los contratos de OCAD PAZ corresponde a la construcción de viviendas de interés prioritario sin finalizar, en el corregimiento de la Victoria de San Isidro en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. El valor de este proyecto fue de casi $7 mil millones de pesos. La fecha de inicio de la obra fue el 28 de febrero de 2022 y la obra debe finalizar en diciembre del presente año.
No obstante, el DNP reporta que el estado de la obra se encuentra en abandono; acorde con la entidad, hay viviendas sin terminar y con deficiencias constructivas. Las estructuras tienen condiciones totalmente deterioradas.
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La jagua de Ibirico; un municipio que espera los recursos de la paz desde el 2018
La Jagua de Ibirico, un municipio del departamento del Cesar, ha sido uno de los territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Su historia está marcada por la presencia de diversos actores armados ilegales, quienes cometieron crímenes atroces en la región, dejando profundas consecuencias en la comunidad.
En los años 80 las FARC y el ELN mantuvieron un control territorial en zonas rurales del Cesar donde realizaban actividades de extorsión, secuestros, y ataques contra la población civil y la infraestructura económica, como las minas de carbón en la región.
En los 90, cuando los grupos paramilitares se consolidaron, formando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron a la jagua de Ibírico a finales de los años 90. Estos grupos tenían el supuesto objetivo de combatir a las guerrillas. Sin embargo, rápidamente se convirtieron en perpetradores de violencia extrema, cometiendo masacres, desapariciones forzadas, y desplazamientos masivos. Se destacaron por su crueldad en la imposición de control territorial y social en el municipio, y en su relación con intereses económicos locales, particularmente en el sector minero.
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La violencia generó una ola de desplazamientos, que afectó gravemente la estructura social y económica del municipio. Muchas familias abandonaron sus tierras, lo que dejó comunidades enteras desoladas.
Los grupos armados también afectaron la economía local, especialmente el sector minero, que es uno de los pilares económicos de La Jagua de Ibirico. La extorsión y la inseguridad hicieron que muchas empresas mineras redujeran sus operaciones o abandonaran la zona.
A pesar de las dificultades históricas, ocasionadas por dos de los bandos de la guerra en Colombia, la comunidad mantuvo una actitud positiva, esperando que los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de OCAD-PAZ contribuyeran a recuperación de escuelas rurales y la mejora de las vías de acceso son algunas de las prioridades que se han identificado para mejorar la calidad de vida en las veredas.
Sin embargo, las obras para la contribución en el desarrollo sostenible para este municipio, azotada por lav violencia, parecen tener un futuro incierto, ya que, de acuerdo con las denuncias del DNP, los recursos de estos proyectos están en el limbo del mayor mal de este país: la corrupción.
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