Condenan al Estado por violencia y persecución contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la persecución y actos de violencia al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. "Condena al Estado de Colombia por más de 10 violaciones a derechos fundamentales como la integridad personal, la intimidad, al trabajo, al derecho a defender los DD.HH., al derecho a informar, entre otros.

??‍⚖️??‍⚖️Sentencia del Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Vs. Colombia?? ??‍?Más información: https://t.co/276ChzxoQ0 #ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/mEuffzubik

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 18, 2024

"El Estado es responsable internacionalmente por haber ejecutado actividades arbitrarias de inteligencia contra personas defensoras de Derechos Humanos, quienes también fueron víctimas de violencia y estigmatización por parte de autoridades estatales, dice en su fallo la CIDH

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo sufrió años de persecución y violencia

Persecución, amenazas, interceptaciones ilegales: las denuncias que ha hecho por más de 30 años el Colectivo de Abogados José Alvear y por las que la CIDH condenó al Estado colombiano este lunes. La petición fue presentada a inicios de la década del 2000 y se refiere a constantes hechos de agresión, amenazas, persecución, inclusión ilegal, entre otros hechos, contra miembros del colectivo de abogados y sus familias. El grupo denunciaba violaciones de derechos humanos que se han sufrido por décadas, que se habían mantenido en la impunidad y habían afectado negativamente en aspectos sociales, físicos y de salud mental a las personas que habían sufrido esta violencia. El fallo es un precedente para visibilizar la falta de garantías que tienen los defensores de víctimas, para hacer su labor en Colombia. "A nivel general, esperamos que pueda contribuir a la construcción de estándares investigativos, para que haya justicia frente a estas agresiones y a nivel regional, que contribuya a la identificación de los límites de las labores de inteligencia en cualquier democracia y el reconocimiento de un marco jurídico del derecho a defender derechos.