La Fiscalía General de la Nación ha logrado avances importantes en la investigación sobre el desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la formalización de preacuerdos con cinco de los principales implicados.
Estos acuerdos, que deben ser aprobados por un juez, permitirían que los procesados cumplan penas de entre tres y siete años de prisión, a cambio de aceptar su responsabilidad en los delitos y de devolver una parte de los recursos malversados.
En el marco de la investigación, la Fiscalía ha identificado una red criminal presuntamente liderada por altos funcionarios de la UNGRD, quienes desviaron dineros y contratos públicos a favor de políticos y contratistas cercanos. Los implicados deberán cumplir penas de prisión que varían entre los tres y siete años, además de restituir los fondos que habrían sido apropiados de manera ilegal.
¿Qué es un preacuerdo?
Un preacuerdo es un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y los acusados en un proceso judicial, en el que estos aceptan su responsabilidad en los delitos imputados a cambio de beneficios como una reducción de la pena.
Este tipo de acuerdo permite agilizar los procesos judiciales, especialmente en casos complejos como el del desfalco a la UNGRD, donde se busca lograr una resolución rápida, asegurando la reparación de los daños al Estado.
Los preacuerdos no son definitivos hasta que sean aprobados por un juez, quien evalúa si los términos son justos y proporcionales. En este caso, el aval de las víctimas del proceso también es necesario para que los acuerdos se hagan efectivos.
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Los implicados y las penas
El exdirector general de la UNGRD, Olmedo López, lidera la lista de los procesados. López, quien es señalado como uno de los principales responsables del saqueo, aceptó su culpabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Como parte del preacuerdo, Olmedo López debería cumplir una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión, además de devolver 724 millones de pesos al Estado.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, también ha llegado a un preacuerdo con la Fiscalía. Pinilla, quien deberá reintegrar 618 millones de pesos, podría enfrentar una pena de 6 años, 6 meses y 9 días de cárcel tras la aceptación de su culpabilidad por los mismos delitos que López.
Otros procesados incluyen a Luis Eduardo López Rosero, contratista conocido como "El Pastuso", quien se quedó con la fallida licitación para llevar agua potable a La Guajira. López Rosero responderá por una serie de delitos, incluyendo falsedad documental, y deberá pagar 7.722 millones de pesos. Su pena será de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión.
Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López, aceptará los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, y restituirá mil millones de pesos. La pena acordada para él es de 4 años, 10 meses y 19 días de cárcel.
Por su parte, Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, quien presuntamente desvió recursos hacia contratistas cercanos, deberá devolver 150 millones de pesos y enfrentará una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión por peculado y soborno.
Finalmente, el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, quien intentó sobornar a Sneyder Pinilla para evitar que declarara contra su cliente, también ha alcanzado un preacuerdo. Aunque no hubo una restitución de dinero, Riveros enfrentará 5 años y 3 meses de cárcel por el delito de soborno.
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El proceso judicial continúa
Los preacuerdos aún deben ser aprobados por un juez y las víctimas de los delitos deberán dar su visto bueno para que se haga efectiva la restitución de los recursos malversados.
El fallo definitivo se conocerá este martes, 19 de noviembre, a las 8:00 a. m., cuando se tomarán las decisiones sobre las penas y la reparación de los daños causados al Estado.
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