El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter luego de que la Procuraduría General de la Nación inhabilitara por diez años al excanciller Álvaro Leyva para ejercer cargos públicos.
En su trino, Petro calificó esta medida como un "acto de inmensa injusticia", argumentando que la sanción contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la cual prohíbe que autoridades administrativas impongan sanciones que afecten los derechos políticos de los ciudadanos.
El presidente resaltó que esta sanción representa un conflicto con la CADH, la cual garantiza que la pérdida de derechos políticos solo puede ser impuesta por autoridades judiciales. "Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias", expresó el mandatario, cuestionando la decisión de la procuradora Margarita Cabello.
Me ha tocado mostrar a la opinión pública el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales como Thomas & Gregg.
No me gustó para nada lo que pasó en la…— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2024
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Gustavo Petro planteó en su trino una fuerte crítica sobre el respaldo de sectores judiciales a la Procuraduría en este tipo de decisiones. Hizo alusión a un “cambio de doctrina” en el Consejo de Estado, que, según él, respalda las decisiones de la Procuraduría en un intento de “destruir la convención americana de DDHH” y de limitar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El presidente advirtió que esta dinámica judicial y administrativa afecta la paz y los derechos democráticos en Colombia. "Se debilita así la justicia y se hace trizas la paz", expresó, haciendo referencia a las consecuencias que estas decisiones podrían tener para el país en un contexto donde, según él, sectores de extrema derecha buscan implementar modelos autoritarios.
La inhabilidad de Álvaro Leyva por parte de la PGN
Según la Procuraduría General de la Nación, el excanciller Álvaro Leyva violó los principios de la contratación estatal, al declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes.
Es por esto que este ministerio, en cabeza de Margarita Cabello, le impuso una sanción de 10 años de destitución e inhabilitación, ya que, de acuerdo con Jesús Espinosa, procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, actuó a título de dolo.
Por esta razón, el excanciller Álvaro Leyva Durán emitió un comunicado tras conocer la decisión de la PGN de destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos. En su declaración, Leyva acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia múltiples irregularidades en el proceso disciplinario en su contra.
“Trabaja a expensas de los intereses de la gente que está detrás de ella. La procuradora, lo que ha demostrado en el transcurso de su mandato, es que no es autónoma. Siempre hay alguien detrás”, afirmó el excanciller Leyva.
Leyva sostiene que la Procuraduría, en lugar de actuar de manera independiente, ha incurrido en prejuicios y decisiones que violentan los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso.
