En una exclusiva de RTVC conocimos documentos que estarían revelando un caso de corrupción que habría ocurrido entre el año 2018 y el año 2022 en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El hecho involucraría hasta a 15 congresistas por un desfalco de un billón de pesos.
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En este expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la ciudadanía.
Otro punto que se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTVC, es que estas denuncias habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la UNGRD para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro.
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🔎Se hallaron documentos en los que se denuncian hechos de corrupción, que habrían ocurrido entre 2018 a 2022 en la @UNGRD. Involucraría el 60% del Congreso de la República.
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Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias y evidencias de estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación.
Según se deduce en este caso, todo estaba advertido desde al menos enero de 2023. La Corte, en marzo de ese mismo año, inadmitió la denuncia, pero, en consecuencia, le piden a la Fiscalía que investigue estos hechos de corrupción ante esta instancia judicial.
Más indagaciones sobre este caso de la UNGRD
El 11 de enero de 2023, Henry Antonio Anaya Arango remitió a esta sala un escrito denominado "Alerta Ciudadana - Denuncia Penal contra Congresistas de la República: Corrupción en la UNGRD - Mermelada Tóxica. Cupos Indicativos".
Como anexo, el señor Anaya Arango adjuntó el informe de empalme de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) del periodo 2020-2022.
En el escrito, el denunciante afirma que al interior de la UNGRD existe una "empresa criminal" liderada por congresistas, servidores públicos, particulares y contratistas. Dicha organización se habría apoderado de aproximadamente un billón de pesos de recursos del Estado, a través de contratos en los que, sostiene, se habrían vulnerado todos los principios de la contratación pública.
