El Tribunal Superior de Bogotá ha negado la solicitud de tutela presentada por la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Keralty S.A.S contra la Superintendencia Nacional de Salud.
La EPS buscaba proteger sus derechos al debido proceso, igualdad y libertad de asociación, así como detener las medidas administrativas tomadas en su contra por la Superintendencia. Sin embargo, el Tribunal consideró que este recurso era improcedente.
La EPS argumentó en su solicitud que había advertido al Gobierno en múltiples ocasiones sobre sus dificultades financieras, derivadas de incumplimientos de entidades gubernamentales. Además, presentaron un Plan de Reorganización Institucional en septiembre de 2023.
A pesar de esto, la intervención de la EPS ocurrió en abril de este año, según Sanitas, sin el respaldo de un expediente administrativo. También acusaron al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, de expresar públicamente su intención de acabar con la EPS.
La EPS está actualmente involucrada en otro proceso judicial ante el Consejo de Estado, buscando anular la resolución que permitió su intervención.
Este fue uno de los motivos por los cuales el Tribunal rechazó la tutela, considerando prematura la solicitud mientras otro proceso con el mismo propósito estaba en curso. La sala concluyó que la solicitud de nulidad era el mecanismo adecuado para la reclamación de los exrepresentantes legales de la EPS.
Desde el 15 de abril, Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty en Colombia, había anunciado medidas jurídicas para recuperar la posesión de la EPS intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
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Esta confrontación comenzó con una resolución de la Superintendencia que tomó posesión financiera de la EPS Sanitas, argumentando problemas financieros y un desequilibrio entre ingresos y gastos para garantizar la salud de sus 5,7 millones de afiliados. Keralty respondió presentando una queja disciplinaria, lo que resultó en una investigación contra el Superintendente Leal en la Procuraduría.
