La EPS Coosalud, una de las entidades de salud más grandes del país, se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse conversaciones de su junta directiva que evidencian preocupantes decisiones sobre la administración de recursos y la cobertura en zonas rurales dispersas. Estas revelaciones, derivadas de un informe interno y reproducidas por medio del país, levantan interrogantes sobre la verdadera intención de la EPS frente a su misión de garantizar el acceso a la salud para las poblaciones más vulnerables.
Durante una asamblea llevada a cabo en noviembre de 20022, Rafael Santos, miembro de la junta directiva de Coosalud y familiar de figuras políticas como el expresidente Juan Manuel Santos y el exvicepresidente Francisco Santos, afirmó que "no es estratégico entregar aseguramiento en zonas dispersas con poca cobertura". En redes sociales afirman que este comentario, que ha sido señalado como una expresión insensible hacia las necesidades de estas regiones, fue respaldado por otros directivos como César Negret, Sandra Neira y Óscar Silva.
Mi problema NO ES EL Presidente @petrogustavo, ni el Expresidente @AlvaroUribeVel, ni el Socialismo, ni el Capitalismo, ni la derecha, ni la izquierda, todó eso me tiene sin cuidado alguno y no viene al caso de lo que planteo.
Mi problema ES QUE, según se evidencia en los…— Vicente Calvo (@vcalvot) October 2, 2023
Natalia Largo, otra integrante de la junta, complementó la discusión señalando que el gobierno nacional de Gustavo Petro ya está asumiendo responsabilidades en las zonas rurales más remotas, lo que, según ella, permitiría a Coosalud enfocarse en áreas con mayor consolidación de afiliados.
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La declaración de Santos y el respaldo de la junta abren el debate sobre el papel de las EPS en zonas de difícil acceso. Estas regiones, históricamente marginadas, enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios básicos de salud debido a barreras geográficas, presupuestales y de infraestructura. Si bien la administración de estas áreas representa un reto logístico y económico, la renuncia de Coosalud a garantizar el aseguramiento en estos territorios podría interpretarse como un abandono de sus responsabilidades sociales.
Por otro lado, algunos directivos como Sandra Neira abogaron por mantener claridad en la estrategia de afiliados por zonas para no tomar decisiones precipitadas que puedan generar tensiones políticas o económicas. Sin embargo, la constante referencia a las dificultades presupuestales sugiere que la prioridad no está en garantizar una cobertura equitativa, sino en la rentabilidad operativa de la EPS.
Hallazgos de la SuperSalud en le EPS Coosalud
El 22 de noviembre pasado, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) asumió el control de la EPS Coosalud y, recientemente, ha revelado una serie de irregularidades en la administración de fondos públicos que involucran a altos funcionarios de la entidad.
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El informe presentado por el equipo interventor indicó que, en diciembre de 2022, Coosalud EPS actuó como aval de un préstamo otorgado por el Banco GNB Sudameris S.A. a la empresa Coosalud Inversa S.A., una firma vinculada a la misma EPS.
No obstante, a finales de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, que superaba los 221.000 millones de pesos, y activó las cláusulas de aceleración para recuperar la deuda.
Lo más preocupante de este caso es que, para cubrir esta obligación, el Banco Sudameris utilizó fondos de fideicomisos públicos vinculados a Coosalud, lo que generó sospechas sobre la posible desviación de dinero destinado al cuidado de los afiliados.
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