La decisión del juez se basó en la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Según el fallo, no existían elementos concluyentes que vincularan a los jóvenes con los hechos imputados, lo que llevó a la caída del proceso judicial.
Rubén Darío Acosta, abogado defensor de los absueltos, destacó las circunstancias que rodearon la detención de los jóvenes, quienes, según afirmó, fueron capturados durante una protesta sin evidencia de haber cometido los delitos señalados.
“Son muchachos que estrenaron su cédula ingresando a una cárcel. Esto ocurrió en el marco de la indignación de la juventud por la falta de oportunidades. Fueron detenidos en medio de una movilización y posteriormente vinculados a un proceso del que no tenían nada que ver”, explicó Acosta.
El juez, tras analizar el caso, concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para demostrar la responsabilidad de los jóvenes en las agresiones contra los policías. En este contexto, la defensa señaló que este caso podría tratarse de un "falso positivo judicial", aludiendo a una posible injusticia en la que personas inocentes fueron incriminadas sin fundamento.
“Esto fue una desafortunada decisión de la Fiscalía en su momento. No hay terrorismo ni violencia. Es un caso que refleja los riesgos de criminalizar la protesta social sin pruebas sólidas”, concluyó Acosta.
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La absolución de los jóvenes refuerza la necesidad de garantizar procesos judiciales justos y de evitar que se utilicen acusaciones infundadas para judicializar a quienes ejercen su derecho a la protesta.
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