En una proposición presentada por la Cámara de Representantes, aprobada con 75 votos, se le solicitó al presidente de Colombia “abstenerse de asistir a la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025” por distintas razones, como la ausencia de publicación de las actas de votación y que la asistencia a este acto podría ser un reconocimiento tácito al gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, el primer mandatario, Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que “el presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia”, invitando al Congreso de la República a no invadir la esfera constitucional del presidente.
El jefe de Estado de Colombia aseguró que decidirá si asistirá a la posesión del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este acto de posesión se llevará a cabo en Caracas el 25 de enero de 2025.
El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente.
En su debido momento decidiré si asisto a no a la posesión del actual presidente de Venezuela. https://t.co/m39s4U46QV— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2024
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Colombia no ha reconocido a Nicolás Maduro como legítimo presidente de Venezuela
El presidente Petro ha sido contundente al afirmar que “si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento” de la presidencia de Maduro por otros seis años.
El mandatario ha criticado abiertamente las condiciones en las que se llevaron a cabo las elecciones del 28 de julio, argumentando que no se realizaron en un ambiente de plena libertad.
“Creo que hubo un error previo al proceso electoral, porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y eso aplica para todos los bandos enfrentados”, explicó.
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Según el primer mandatario, la falta de libertad se evidenció en la ausencia del principal candidato opositor, lo que plantea interrogantes sobre con quién dialogar en Venezuela del lado de la oposición.
Además, el presidente ha enfatizado en que un país bajo sanciones económicas no puede considerarse libre para votar, lo que también afecta la legitimidad del proceso electoral. “Tampoco hubo libertad para el gobierno venezolano”, destacó.
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