Presidente Gustavo Petro

Petro calificó como un acto delictivo la compra del software Pegasus y no un “hecho comunicacional”

Foto: Cortesía de flickr.com
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El presidente Petro se volvió a referir sobre la presunta compra de este software Pegasus en el año 2021 en medio del estallido social en Colombia.

La denuncia que dio a conocer el presidente Gustavo Petro sobre la presunta compra del software Pegasus en el año 2021, ha generado más preguntas sobre cuál fue su uso y si hubo interceptaciones ilegales. 

La Fiscalía ya abrió la investigación sobre esta presunta compra y sí se utilizó en los meses de junio y septiembre de 2021. 
Sin embargo, hay voces en contra de esta denuncia y la han calificado como un refrito e incluso una “pésima estrategia de comunicación” por parte del presidente.

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En una reciente columna de opinión de El Espectador, el presidente Petro respondió a quienes lo cuestionan sobre la denuncia del software en medio del paro camionero. Allí comentó que este hecho debe ser considerado como un acto delictivo contra las personas que salieron a las calles en medio del estallido social en el 2021. En redes sociales el primer mandatario escribió:

Los hechos alrededor del software "Pegasus" en Colombia son delictivos. Delitos de funcionarios públicos en medio de un estallido social donde desaparecieron decenas de jóvenes líderes de barrios.  Esto no es un simple hecho comunicacional 

También, dijo:

Son actividades ilegales hechas dentro del estado que terminan con el asesinato y la desaparición de muchos jóvenes en las ciudades del país

De igual forma, la Fiscalía General de la Nación inició actos investigativos para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales de software espía “Pegasus”, por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (DIPOL) en compra que habría efectuado a mediados de 2021 a la firma israelí NSO Group.

El ente advirtió que esta investigación al software Pegasus se abre por la existencia de una posible conexión en recientes denuncias por presuntas interceptaciones y seguimiento ilegales a magistrados y empleados de altas cortes de justicia, del que tuvo conocimiento la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.


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