Un tribunal internacional falló en contra de Colombia este lunes en el marco de una disputa relacionada con el proyecto Perimetral de Oriente, una vía alterna al Llano que conecta Cundinamarca con Villavicencio. El laudo arbitral ordenó al Estado colombiano indemnizar al consorcio encargado de la obra con 1,3 billones de pesos, debido a problemas ambientales no previstos en la estructuración del proyecto.
Tras conocerse esta sentencia, el presidente Petro se pronunció al respecto diciendo que la vía Perimetral de Oriente de Bogotá nunca se debió construir, afirmando que los tribunales de arbitramento privados no deben tomar estas decisiones sobre estos pleitos.
La perimetral de oriente nunca se debió hacer. Y menos dirimir pleitos en tribunales de arbitramento privados. https://t.co/6BOGIDkh2z
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2024
Según un artículo de la Revista Cambio ell proyecto Perimetral de Oriente fue adjudicado en 2014 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al consorcio integrado por la empresa israelí Shikun & Binui y el fondo de inversión inglés Infrared Capital Partners. La vía, considerada clave para mejorar la conectividad entre Cundinamarca y los Llanos Orientales, cubría un trazado desde Sesquilé, pasando por Sopó, La Calera y terminando en Cáqueza.
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La crisis del proyecto comenzó en 2020, cuando las obras alcanzaron un avance del 43 %. Aunque las unidades funcionales 1, 2 y 3 (Sesquilé-La Calera) se completaron, las unidades funcionales 4 y 5 quedaron paralizadas por la presencia de 70 manantiales en 60 kilómetros, descubiertos tras denuncias de las comunidades locales. Estas fuentes hídricas requerían licencias ambientales específicas que no fueron contempladas en los estudios iniciales realizados por la ANI.
Fallo del tribunal por la vía Perimetral de Oriente y sus implicaciones
Según este medio de comunicación el fallo del tribunal internacional señala que el Estado colombiano es responsable de los inconvenientes, ya que los estudios y diseños presentados en la etapa de estructuración del proyecto eran insuficientes. Además de ordenar la compensación de 1,3 billones de pesos, el tribunal dispuso la terminación anticipada del contrato de concesión a solicitud de la ANI.
El consorcio afectado había agotado las instancias de diálogo con la ANI, presentando propuestas como otrosíes y memorandos de entendimiento, sin lograr una solución que permitiera continuar con las obras. En un comunicado, el consorcio expresó su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades y garantizar el avance del proyecto, priorizando los aspectos sociales, económicos y ambientales.
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El proyecto, diseñado para descongestionar el tránsito hacia los Llanos Orientales, representaba una alternativa estratégica al corredor Bogotá-Villavicencio, afectado históricamente por derrumbes y cierres. Sin embargo, su paralización desde hace cuatro años ha generado un impacto económico negativo tanto para las comunidades cercanas como para los inversionistas.
Cerca de 0,49 billones de pesos destinados a la construcción permanecen retenidos en una fiducia, sin posibilidad de ser ejecutados. Las pérdidas económicas de las empresas responsables, avaladas por el tribunal, se suman al costo reputacional y financiero que ahora enfrenta el Estado colombiano.
Hasta el momento, la ANI no se ha pronunciado sobre el fallo. Sin embargo, este caso pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios más rigurosos en los proyectos de infraestructura pública, para evitar futuros litigios y garantizar su viabilidad técnica, ambiental y social.
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Mientras el Estado colombiano asume las consecuencias de este fallo, el consorcio reiteró su compromiso con Colombia, abriendo la puerta a posibles negociaciones futuras para retomar las obras bajo condiciones adecuadas.
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