El Gobierno nacional cedió a la administración de Bogotá, formalmente y a título gratuito, un predio contiguo a la cárcel La Picota para la construcción de la segunda prisión distrital de la ciudad, cuya proyección de cupos, de acuerdo con el Distrito, será de por lo menos 2.000. El ministro de Justicia, Néstor Osuna se reunió con el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán sobre este predio que contribuirá al sistema carcelario del país y así mejorar las condiciones para las personas condenadas. "Más allá de la cesión del lote, es importante mencionar el compromiso conjunto de luchar por la seguridad y la resocialización. Este es un buen ejemplo de armonía entre autoridades nacionales y distritales, así como de nuestra intención de establecer ese mismo tipo de relaciones con el resto de alcaldes y gobernadores de todo el país". comentó Osuna.
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Según, la cartera de justicia, actualmente, de los cerca de 45.000 detenidos de manera preventiva en el país, solo 2.760 se encuentran en cárceles territoriales. Y el Distrito contribuye con el 37 % de estos cupos.Nueva cárcel en Bogotá
?? El Gobierno Nacional entregó un terreno en el sur de Bogotá para la construcción de una nueva sede de la Cárcel Distrital. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, @osunanestor, y el alcalde de la capital, @CarlosFGalan. ? https://t.co/28mKxokThc pic.twitter.com/uwhkxhJsGe
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 4, 2024
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Mientras que Galán aseguró que ya comenzarán las obras con el estudio, diseño y construcción de este predio para esta nueva cárcel distrital. "Hace parte del esfuerzo que se ha realizado para resolver los retos de seguridad en la ciudad. A partir de ahora, este predio queda en manos de Bogotá para avanzar en estudios, diseño y construcción. Esta articulación entre la Nación y el Distrito va a permitir avanzar para contar con un mejor sistema carcelario en los próximos años", sentenció Galán.Te puede interesar: Congreso hunde el proyecto de ley de la reforma a la Salud
De esta forma se responde a las recomendaciones de la Corte Constitucional para mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario.
