El Programa de Alimentación Escolar (PAE), sigue generando polémica en algunos municipios del país, por las irregularidades que se han presentado en las licitaciones para la asignación del operador en las instituciones educativas.
El nuevo modelo de operación diferencial del #PAE permite a Asociaciones de Padres de Familia y Juntas de Acción Comunal operar el programa. Esto está dirigido exclusivamente a las sedes educativas en zonas rurales dispersas. #ColombiaVaBien ?️Información: https://t.co/NKjjdbMB3i pic.twitter.com/LcIUPgHp5b
— MinEducación (@Mineducacion) June 13, 2023
El caso esta vez se presentó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde la Procuraduría le puso la lupa a la licitación pública para la prestación del servicio y profirió cargos contra dos funcionarios de la Alcaldía por las presuntas irregularidades.
Irregularidades en el PAE
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Se trata de la secretaria del despacho, Gloria Álvarez Tovar, y el profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz, quienes presuntamente exigieron a los proponentes requisitos que no eran necesarios, justos ni proporcionales.
El Ministerio Público adujo que Álvarez Tovar pudo incurrir en una falta disciplinaria, por la presunta omisión de los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal en el momento de estructurar los estudios previos y su posterior adjudicación.
De igual manera, le formuló cargos por posiblemente inhabilitar a un proponente, al que tampoco se le dejó subsanar una falencia relacionada con la experiencia previa requerida.
En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría indicó que en la etapa precontractual suscribió los estudios previos y los escritos con los que se dio respuesta a las observaciones a los pre pliegos y pliegos definitivos de los proponentes.
Indagación por parte de la Procuraduría
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La Procuraduría también profirió cargos a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga, ya que ambos fungieron como miembros del comité evaluador de la licitación con la que se adjudicó el PAE y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica en la que se excluyó a uno de los interesados en el proceso.
La Entidad indicó que las cuatro personas pudieron pasar por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento a directrices impartidas por la entidad, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
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