El reciente asesinato de Stefany Barranco Oquendo el 29 de mayo, en el centro comercial Santafé al norte de Bogotá, ha conmocionado a la capital y ha puesto nuevamente en evidencia la grave problemática de los feminicidios en la ciudad. Stefany, quien trabajaba en un local comercial, fue brutalmente atacada por su expareja mientras estaba en su jornada laboral.
A pesar de sus intentos por defenderse, las graves heridas causadas por un arma blanca le arrebataron la vida, convirtiéndose en el víctima número 21 de feminicidio en Bogotá en lo que va del año.
Un problema creciente
El caso de Stefany no es un incidente aislado. Según el informe "Vivir sin Miedo" de la Fundación Paz y Reconciliación, Bogotá es la ciudad con mayor incidencia de feminicidios en Colombia.
En 2023, se reportaron 149 casos, un alarmante aumento del 31.8% en comparación con los 113 casos registrados en 2022.
A nivel nacional, otras regiones como Valle del Cauca y Antioquia también registran cifras preocupantes con 82 y 73 casos respectivamente.
Respuesta institucional
A pesar de los avances en políticas públicas y marcos legales diseñados para proteger a las mujeres, como la tipificación del feminicidio como un delito penal autónomo y el reconocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la violencia de género sigue siendo una constante en Colombia.
El informe de la Fundación Paz y Reconciliación subraya que el problema no solo requiere medidas legales efectivas, sino también una profunda transformación de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género.
Hasta el 7 de febrero de 2024, la Procuraduría General de la Nación había reportado 20 casos de feminicidio y emitido 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones relacionadas con violencia intrafamiliar.
Estas cifras, junto a las 848 alertas emitidas en 2023 por amenaza de feminicidio, destacan el creciente riesgo para la seguridad de las mujeres en el país.
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Justicia: una deuda pendiente
Uno de los aspectos más preocupantes es la lentitud y la ineficacia de la justicia en estos casos. Según el informe, el 54% de los casos de feminicidio están en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en etapa de juicio, y solo el 7.3% ha llegado a la ejecución de penas.
Esta dilación no solo retrasa la justicia para las víctimas y sus familias, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad que desincentiva la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de otras mujeres en situaciones de riesgo.
La necesidad de datos unificados
La falta de unificación en los datos sobre feminicidios es otra limitación crítica. La inconsistencia en la recopilación y el análisis de la información impide una comprensión clara de la magnitud del problema y dificulta la implementación de políticas efectivas. En 2023, la Policía Nacional registró 109,674 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 70.9% correspondieron a víctimas femeninas, evidenciando una preocupante realidad diaria: al menos 213 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada día.
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Reformas necesarias
En este contexto, figuras como Heidy Sánchez, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, han criticado duramente la narrativa oficial y la terminología utilizada para describir estos crímenes.
Sánchez subraya la necesidad de una reforma estructural en la policía que incluya un enfoque de género, y condena el uso de eufemismos como "crímenes pasionales", que trivializan la gravedad de los feminicidios y perpetúan la justificación de la violencia de género.
