Un reciente estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ha puesto en evidencia graves inconsistencias en la gestión de los recursos y los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El análisis, llevado a cabo en noviembre del año pasado, tenía como objetivo evaluar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y los resultados obtenidos alertan sobre posibles distorsiones que podrían afectar tanto la transparencia como la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Incrementos desmesurados en servicios de salud
Una de las principales conclusiones del estudio es el aumento inexplicable en las frecuencias reportadas para ciertos servicios de salud, que no se corresponden con la capacidad instalada del sistema. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un incremento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como la radiología (79,7%) y el laboratorio clínico (77,9%), también mostraron aumentos sustanciales. En términos generales, servicios como urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) experimentaron incrementos notables que, según los expertos, no se justifican con base en la infraestructura disponible ni en las necesidades reales de los usuarios.
En este contexto, el Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS) revela un crecimiento muy limitado de la capacidad instalada en el sector. Solo se observó un incremento del 3,1% en el número de médicos generales y un aumento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general, lo que pone en evidencia una desconexión entre la oferta de servicios reportada y la infraestructura real disponible.
Anomalías en servicios relacionados con el cáncer
El estudio también destacó anomalías en los servicios relacionados con el tratamiento del cáncer. La quimioterapia y la radioterapia, por ejemplo, aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la tasa de incidencia de cáncer en Colombia es de solo un 4% anual. Esta disparidad plantea dudas sobre la veracidad de los reportes de las EPS y sugiere posibles irregularidades en la asignación de recursos para estos tratamientos.
Casos de atenciones a personas fallecidas
Otra de las alarmas lanzadas por el informe tiene que ver con los 23.410 casos registrados de atenciones a personas que ya figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
El costo asociado a estas atenciones asciende a la alarmante cifra de 79.838 millones de pesos, lo que refleja una falta de control en los registros y el manejo de los datos de los afiliados.
Irregularidades en medicamentos y precios
El análisis de los medicamentos reportados también mostró serias irregularidades. Se detectó que el 3% de los medicamentos no contaban con un registro sanitario válido, y un 23% no coincidía con las compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estos errores contribuyeron a un gasto total superior a los 119 mil millones de pesos. Además, un 5% de los medicamentos reportados excedieron los precios máximos establecidos por la regulación, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.
Por otro lado, el estudio encontró que algunos procedimientos médicos fueron facturados a precios hasta 1.200% más altos que los valores de referencia establecidos, lo que genera una variabilidad inaceptable en los costos reportados por las EPS.
Recomendaciones y próximos pasos
Ante estos hallazgos, el Ministerio de Salud ha resaltado la necesidad urgente de implementar una metodología más robusta y confiable para el cálculo de la UPC, con el fin de evitar distorsiones que perjudiquen la eficiencia del sistema. Entre las principales recomendaciones se incluyen la depuración exhaustiva de los datos reportados por las EPS, la identificación y corrección de inconsistencias, y la validación de la información a través de bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).
También se destaca el fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares, como una estrategia clave para reducir los costos en tratamientos de alto precio. Igualmente, el informe subraya la necesidad de revisar las prácticas de contratación y los precios de los servicios médicos y medicamentos, para evitar las distorsiones que afectan la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Un paso hacia la mejora del sistema de salud
El Ministerio de Salud ha afirmado que la implementación de estas recomendaciones es fundamental para garantizar que los recursos del sistema de salud se utilicen de manera eficiente y transparente, y que se prioricen las necesidades reales de la población.
Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 es un paso importante hacia la mejora del sistema, que permitirá fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en el largo plazo.
