Tras el fallo de una Corte Federal del sur de Florida, que condenó a la multinacional bananera Chiquita Brands por el delito de financiamiento ilegal a los escuadrones de la muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia, salieron a la luz detalles de cómo se comprobó que siempre supieron que eran grupos armados por fuera de la ley.
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La empresa realizó este financiamiento en el país por más de 1.7 millones de dólares, entre 1997 y 2004.
Un primer grupo de víctimas en Colombia, tras 17 años de proceso judicial en una Corte de Florida, celebraron que un jurado haya encontrado culpable a la multinacional de financiar a las AUC y sus escuadrones de la muerte, en la región norte del país.
En el fallo, según la ONG EarthRights International, la Justicia pudo establecer que Chiquita Brands siempre supo que se trataba de grupos ilegales violadores de derechos humanos y que, sin embargo, los utilizaron para aumentar sus ganancias pagándoles más de 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a través de filiales como Banadex, en el Urabá antioqueño y en el Magdalena.
Repercursiones de las acciones realizadas por Chiquita Brands
Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. “Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, dijo Marco Simons, asesor general de EarthRights International.
Esta es una primera condena contra la multinacional del banano, pero podrían venir más en Estados Unidos. Mientras, por su parte, en Colombia el llamado es para que las autoridades también actúen contra las empresas que financiaron el paramilitarismo.
🚨⚖️ En un fallo considerado como histórico, una Corte Federal del sur de Florida condenó a la multinacional bananera Chiquita Brands, por el delito de financiamiento ilegal a los escuadrones de la muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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En Colombia, hace 14 años exparamilitares como Raúl Hasbún, alias ‘Pedro bonito’, ya entregaron los nombres de varios ganaderos que financiaron el paramilitarismo en Urabá, pero la denuncia está en la impunidad.
