Un reciente concepto emitido por la Unidad Técnica Legislativa del Congreso indica que la reforma a la salud propuesta por el Gobierno debería tramitarse como una Ley Estatutaria y no como una ley ordinaria.
Este señalamiento pone en el centro del debate la naturaleza del proyecto y su impacto en el derecho fundamental a la salud.
El documento argumenta que, dado que la reforma regula aspectos esenciales del derecho a la salud, su trámite debe ajustarse a los parámetros establecidos para las leyes estatutarias.
Estas normativas tienen un tratamiento especial, ya que desarrollan derechos fundamentales consagrados en la Constitución, requieren una aprobación más estricta en el Congreso y un análisis previo por parte de la Corte Constitucional.
La ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando la ley 100.
La ley estatutaria de la salud seguirá vigente pues no es nuestro interés reformarla. https://t.co/Y8z9949TyK— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2024
Por su parte, el presidente defendió el trámite de la reforma como una ley ordinaria, subrayando que el objetivo del proyecto no es modificar la Ley Estatutaria de Salud, sino reformar la Ley 100 de 1993, que desde su implementación ha regido el sistema de seguridad social en Colombia. "La ley estatutaria de la salud seguirá vigente pues no es nuestro interés reformarla", señaló.
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Ley 100 de 1993: Contexto y transformaciones
La Ley 100, promulgada durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, en 1993, marcó un cambio estructural en el sistema de seguridad social en Colombia.
Bajo la premisa de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia, introdujo un modelo mixto que permitió la participación de entidades públicas y privadas en la prestación de servicios de salud.
El sistema creado por la Ley 100 se estructuró en dos regímenes: el contributivo, para trabajadores formales, y el subsidiado, para personas de menores recursos.
Este modelo ha permitido avances en cobertura, logrando que cerca del 96% de la población esté afiliada al sistema de salud, pero detrimentos en la prestación de salud como un derecho en zonas alejadas de las grandes ciudades.
Así mismo, ha sido objeto de fuertes críticas debido a problemas de calidad, corrupción, retrasos en pagos a hospitales, y la percepción de que prioriza el lucro de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) sobre el bienestar de los pacientes.
En 2015, con la Ley Estatutaria de Salud, el sistema dio un paso adelante al declarar la salud como un derecho fundamental, priorizando su prestación sin importar la capacidad de pago y estableciendo lineamientos éticos y técnicos para garantizar su acceso.
Si la reforma fuera reclasificada como una Ley Estatutaria, enfrentaría un proceso legislativo más complejo, con mayores requerimientos de consenso y revisión judicial, lo que podría retrasar su implementación.
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