La orden de la Fiscalía se produce por la muerte de 11 personas, entre ellas, un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. En su momento, el gobierno Duque aseguró que eran disidentes de las FARC.

La fiscalía imputó a los militares por homicidio en persona protegida. La investigación concluyó que la tropa atacó a civiles y no a disidentes de las extintas FARC.

El presidente Duque se refirió a la implementación del acuerdo de paz y defendió el operativo.

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El mandatario defendió una vez más el operativo en Puerto Leguízamo.