Este miércoles 9 de octubre de 2024, se reanudaron las audiencias preparatorias en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal. El proceso, que ha generado gran atención mediática, enfrenta un nuevo capítulo con la solicitud de la defensa de excluir pruebas clave presentadas por la Fiscalía, específicamente las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena.
El abogado Jaime Granados, representante de Uribe, argumentó que estas interceptaciones vulneran el derecho a la intimidad y el secreto profesional entre abogado y cliente. Según Granados, las llamadas fueron obtenidas sin una justificación legal adecuada, lo que, en su opinión, constituye una violación del debido proceso. Además, resaltó que las grabaciones afectan gravemente la defensa de su cliente, al haberse llevado a cabo sin los requisitos exigidos por la ley.
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Interceptaciones bajo debate
Las 28 llamadas interceptadas entre Uribe y Cadena han sido utilizadas por la Fiscalía como pruebas clave en el caso. Sin embargo, Granados sostuvo que estas comunicaciones no deben ser consideradas debido a que se realizaron de manera "clandestina", lo que, según él, viola los derechos fundamentales tanto del expresidente como del abogado. "El secreto profesional debe ser protegido a toda costa", señaló el penalista, destacando que las conversaciones entre un abogado y su cliente son confidenciales y están amparadas por la ley.
El martes 8 de octubre, la Procuraduría General de la Nación se unió a la solicitud de la defensa de excluir estas pruebas. El procurador delegado indicó que la legalidad de las interceptaciones aún no está clara, ya que diferentes tribunales, incluida la Corte Suprema de Justicia, han emitido opiniones divergentes sobre este tema. "No hay una verdad consolidada sobre la jurisprudencia aplicada", explicó el funcionario, instando a que se evalúe de manera cuidadosa la validez de las pruebas.
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La defensa busca protección del debido proceso
El equipo legal de Uribe también ha presentado una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitando que se protejan los derechos al debido proceso y a la defensa del expresidente. En la acción, Granados argumentó que, en la audiencia del 2 de octubre, no se concedió la prórroga necesaria para analizar las pruebas entregadas recientemente por la Fiscalía, lo que, según él, afectó negativamente la preparación de la defensa.
Este recurso legal busca que se permita a la defensa revisar con detenimiento la evidencia obtenida por la Fiscalía, particularmente las declaraciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra Uribe. Granados insistió en que la falta de tiempo para analizar las pruebas constituye una vulneración de los derechos de su cliente.
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Próximos pasos en el juicio
La jueza 44 de conocimiento de Bogotá será la encargada de decidir si las interceptaciones pueden ser utilizadas como prueba en el juicio. Mientras tanto, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá también deberá pronunciarse sobre la tutela presentada por la defensa, lo que podría afectar el curso del proceso judicial.
Las audiencias continúan en un ambiente de alta expectación, ya que el caso de Álvaro Uribe, expresidente y líder del partido Centro Democrático, sigue siendo un tema de gran relevancia en el panorama político y judicial del país.
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