El programa estatal Computadores para Educar, cuyo propósito es llevar tecnología y fomentar la innovación educativa en colegios públicos de zonas apartadas de Colombia, enfrenta un escándalo de corrupción que involucra miles de equipos defectuosos. Según las investigaciones, las autoridades hallaron irregularidades en la contratación de proveedores que desde 2020, durante el gobierno de Iván Duque, han estado a cargo de suministrar los equipos.
Actualmente, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría están realizando investigaciones sobre contratos que suman un total de $183 mil millones y que comprometen tanto al contratista Selcomp Ingeniería como al fabricante Compumax.
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Equipos inservibles y quejas de los beneficiarios
Felipe Olaya, director recién nombrado del programa, reveló que en los últimos cuatro años se entregaron decenas de miles de computadores con fallas. En su llegada al cargo, Olaya comenzó a recibir múltiples reportes de quejas sobre equipos en mal estado en los colegios beneficiarios, en particular de aquellos en regiones apartadas.
Este descubrimiento contradijo los reportes iniciales, que mostraban supuestos índices positivos de satisfacción y calidad. Al hacer auditorías, se evidenció que en la compra de 60 mil computadores para el programa, casi la mitad presentaba fallas graves, situación que no tiene precedentes en un programa de esta magnitud.
Según Olaya se detectaron más de 30 mil fallas en equipos que se suponía debían ser nuevos y funcionales, una situación inaceptable, ya que estos equipos están destinados a ser una herramienta clave para mejorar la educación en las zonas más vulnerables del país.
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Contratos bajo la lupa y la elección de proveedores
Desde 2020, Computadores para Educar ha otorgado cinco órdenes de compra, algunas con adiciones, a los mismos proveedores: Selcomp Ingeniería y el fabricante Compumax. En total, se adquirieron 241.594 portátiles por $183.705 millones. La orden de compra más cuestionada es la 101210, firmada en 2022, en la cual se adquirieron 60 mil computadores portátiles por $45 mil millones. Los equipos fueron destinados a colegios rurales, pero el 50% resultaron defectuosos.
El director Olaya expresó su preocupación por la elección de proveedores basándose en el menor costo, una estrategia que, según dijo, ha resultado en adquisiciones de equipos de baja calidad y sin los estándares requeridos. Además, cuestionó por qué las administraciones anteriores a su llegada no iniciaron acciones para reclamar la calidad y protección del patrimonio estatal.
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¿Qué dice el fabricante?
Ante las denuncias, Compumax argumentó que los fallos en los equipos se presentaban de forma aleatoria, y no en la totalidad de las unidades entregadas. Como solución, el fabricante propuso cambiar los discos duros de los 60 mil computadores que presentaron problemas. Sin embargo, Olaya manifestó que esta situación no debería haber ocurrido, ya que los equipos fueron adquiridos como nuevos y deberían estar en perfectas condiciones.
Las autoridades han iniciado un proceso sancionatorio contra el contratista responsable de la orden de compra de los 60 mil computadores defectuosos. Las otras adquisiciones también están bajo revisión, aunque se teme que algunas acciones legales no puedan realizarse debido a que las administraciones previas dejaron vencer los plazos contractuales necesarios para interponer las demandas correspondientes. Esto podría derivar en un detrimento patrimonial considerable para el Estado colombiano, afectando los recursos destinados a la educación en las comunidades más vulnerables.
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