El Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, ha sido escenario de múltiples problemáticas debido al dominio de grupos armados ilegales que, durante más de cinco años, consolidaron allí un enclave para el narcotráfico. Esta situación dejó a las comunidades locales en una crisis humanitaria, marcada por el desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales y el deterioro del medio ambiente debido a actividades como la minería ilegal.
En respuesta, el Gobierno de Gustavo Petro ha implementado una estrategia integral que combina operaciones militares, atención social y concertación comunitaria para cambiar el panorama en esta región estratégica.
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Intervención estatal
Hace algunas semanas, el presidente Petro informó que el Ejército Nacional logró recuperar el control de El Plateado, un corregimiento del Cañón del Micay que había sido un bastión de grupos disidentes de las FARC. En palabras del mandatario: "Hoy El Plateado es Colombia", destacando que el despliegue militar fue solo el primer paso de un plan más amplio para restablecer el orden y garantizar los derechos de las comunidades.
El programa gubernamental, denominado Misión Cauca en Paz, busca entregar herramientas para la producción agrícola lícita, ofrecer servicios sociales y establecer un gobierno territorial. Según Petro, este esfuerzo pretende devolver el poder a las comunidades campesinas y ancestrales, históricamente excluidas.
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La represa del Micay: desarrollo y desafíos
Entre las iniciativas planteadas por el Gobierno está la construcción de la represa del Micay, un proyecto que podría generar energía para las comunidades locales y el litoral pacífico. Petro ha señalado que este desarrollo podría impulsar la economía de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, el proyecto enfrenta oposición de organizaciones como el Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay, que denuncian el riesgo de despojo territorial y la falta de consultas previas con las comunidades afrodescendientes. En julio de 2024, este Consejo obtuvo el reconocimiento oficial de sus derechos sobre 28,417 hectáreas de tierra ancestral, pero la violencia de grupos armados y la minería ilegal han obstaculizado su ejercicio pleno.
Además, se teme que la represa agrave la crisis ambiental en el territorio, donde la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas ya han tenido un impacto significativo. Las comunidades insisten en que cualquier decisión debe basarse en un diálogo inclusivo y respetuoso de sus derechos.
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Violencia y resistencia en el Cañón del Micay
La región ha vivido una grave crisis de seguridad. Desde 2020, los frentes disidentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez han ejercido control sobre el territorio, asesinando líderes comunitarios y desplazando a cientos de familias. Este vacío de poder permitió el ingreso de actores externos que han promovido actividades ilícitas y usurpado las tierras de las comunidades ancestrales.
Pese a las adversidades, los habitantes del Cañón del Micay han resistido, denunciando los atropellos y exigiendo garantías para su permanencia en el territorio. Líderes locales han pedido al Gobierno garantizar la aplicación de las medidas cautelares ordenadas por la justicia para proteger los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes.
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Represa sí, con el respaldo de la comunidad
La estrategia de Petro en el Cañón del Micay representa un cambio significativo en la manera de abordar las problemáticas de territorios afectados por el conflicto armado. Más allá de las operaciones militares, la apuesta se centra en generar condiciones para un desarrollo sostenible, combinando seguridad con inclusión social y la restitución de derechos.
En ese sentido, el Gobierno ha subrayado la importancia de respetar el derecho de las comunidades a decidir sobre proyectos que impacten su territorio. Petro ha reiterado que la consulta previa es fundamental para avanzar con la represa del Micay, asegurando que su construcción solo se realizará si se cuenta con el respaldo de las comunidades.
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