Después de más de 23 años de investigaciones y denuncias, José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional carbonera Drummond en Colombia, enfrentarán un juicio que podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial.
Este nuevo descubrimiento de Señal Investigativa, una alianza de Señal Colombia y la Revista Raya, revela que ambos directivos están acusados por la Fiscalía de haber financiado y promovido al frente paramilitar Juan Andrés Álvarez, una estructura del Bloque Norte de las AUC, comandada por alias Tolemaida y subordinada a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Según las investigaciones, este frente desplegó una campaña de terror en el departamento del Cesar, caracterizada por asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas sistemáticas contra líderes sindicales y pobladores de la región.
🚨ATENTOS: #SeñalInvestigativa🕵️♂️tuvo acceso en exclusiva al expediente del caso de la Drummond que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz paralelo a lo que se realiza en la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación.
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¿Cuál es el vínculo entre Drummond y las AUC?
La relación entre Drummond y los paramilitares quedó en evidencia a través de múltiples pruebas documentales, testimonios de víctimas y declaraciones de los mismos excombatientes de las AUC.
Según el expediente, la multinacional no solo habría permitido que los paramilitares usaran sus instalaciones como puntos de abastecimiento de combustible y comida, sino que también habrían pagado mensualmente entre 20 y 30 millones de pesos para financiar sus operaciones. Estas transacciones habrían sido gestionadas a través de Jaime Blanco Maya, contratista de la empresa y actualmente condenado por su rol en la logística de los pagos.
“Era una relación simbiótica”, comentó un funcionario que pidió el anonimato. “La empresa buscaba protección de los paramilitares ante posibles ataques de la guerrilla, pero también utilizó esa alianza para debilitar al sindicato de trabajadores, considerado un obstáculo para sus intereses”.
🚨ATENTOS: Para la Fiscalía la responsabilidad de los directivos más importantes de la Drummond en Colombia es clara en la financiación y promoción del frente paramilitar Juan Andrés Álvarez. #SeñalInvestigativa🕵️♂️te trae los detalles.
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El asesinato de los sindicalistas
Uno de los episodios más trágicos de este caso es el asesinato de los líderes sindicales Cándido Méndez, Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler.
- Cándido Méndez fue asesinado el 16 de enero de 2001 en el Cesar.
- Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya fueron atacados el 12 de marzo del mismo año, tras ser obligados a bajar de un bus en un retén paramilitar. Mientras Locarno fue asesinado en el acto, Orcasita fue secuestrado y su cuerpo apareció horas después con signos de tortura.
- Gustavo Soler, quien asumió la presidencia del sindicato tras la muerte de sus colegas, fue ultimado el 9 de octubre de 2001.
Los paramilitares no solo ejecutaron a los sindicalistas, sino que desplegaron una estrategia de intimidación contra el resto de los trabajadores. “Los hombres armados se paseaban entre los empleados mientras comían en el casino de la mina”, relatan los testimonios recogidos por la Fiscalía.
🚨ATENTOS: Ramon Campos, periodista, ahondó más en detalles sobre el expediente del caso Drummond, donde fueron asesinados líderes sindicalistas después de recibir amenazas y la relación entre empresas multinacionales y paramilitares.
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Los exfiscales que frenaron el proceso: cercanos a Nestor Humberto Martínez Neira
El entonces fiscal especializado de la unidad de compulsa de copias de Justicia y Paz, Octaviano Casas, quien en mayo de 2016 fue el primero en proyectar una resolución de apertura de instrucción en la que se ordenó vincular a doce de los directivos de la multinacional Drummond, en plena fiscalía general de Néstor Humberto Martínez.
Una vez fue proyectada la resolución esta debía pasar por el control de legalidad de un fiscal de mayor rango, en este caso, cercano a Humberto Martínez, como lo era el fiscal Álvaro Osorio, hoy fallecido. En esa oficina dicha resolución duró tres meses sin que hubiese alguna manifestación para el fiscal Octaviano Casas, quien al ver que no era citado para una respuesta a su decisión, decidió de manera autónoma darle vida jurídica al documento en octubre de 2016, con la fatal consecuencia que no solo sería trasladado del cargo sino que le quitarían el caso drummond de sus manos.
Casas fue trasladado a la fiscalía de extinción de dominio al lado de la fiscal Ana Catalina Noguera, condenada por corrupción años más tarde. El fiscal casas retornaría a su cargo, luego de que una ONG requiriera al fiscal Néstor Humberto, pero nunca le cumplieron la promesa de devolverle el cargo.
Según la investigación, los nombres que faltarían en la resolución de acusación de la fiscal Diana Salazar, quien emitió la resolución de la que estamos hablando hoy a las puertas de un juicio, son: Delbert Lee Loobb, Luis Carlos Rodríguez Victoria, Jorge Garzón Hernández, Alfredo Santander Araújo Castro, Ricardo Linero González y Roberto Guillermo Escobar lLondoño. a varios de ellos, conoció esta unidad investigativa, ni siquiera se les tomó indagación sobre su posible responsabilidad.
🚨ATENTOS: Varias irregularidades se habrían cometido en el proceso penal de la Fiscalía que relaciona el caso Drummond y el asesinato de los sindicalistas, en #SeñalInvestigativa🕵️♂️te mostramos más de la grave denuncia.
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Las voces que destaparon la trama
El testimonio de Jaime Blanco Maya, contratista de Drummond, ha sido fundamental en este caso. Blanco asegura que los pagos a los paramilitares fueron realizados bajo instrucciones de los directivos de la empresa.
También destaca la figura de James Lee Adkins, un exagente de la CIA y jefe de seguridad de la multinacional en Colombia. Según las investigaciones, Adkins fue pieza clave en la coordinación con los paramilitares, aprovechando su experiencia previa en operaciones encubiertas como el escándalo Irán-Contra.
Otro de los testimonios relevantes es el de Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, quien confirmó en varias instancias judiciales que la multinacional Drummond tuvo un acuerdo con los paramilitares para garantizar sus operaciones en la región.
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Verdad, justicia y reparación aún pendientes
Este caso no solo involucra a los directivos de Drummond, sino que también revela un patrón de complicidad entre sectores empresariales, políticos y grupos armados en Colombia. Las víctimas, que suman más de 3.300 casos de homicidio, desplazamiento y desaparición forzada, esperan que el juicio arroje respuestas y permita reparar los daños sufridos.
🚨ATENTOS: En exclusiva hablamos con Juan Carlos Rojas, directivo sindical de Sintramienergética, sobre el asesinato de sus compañeros sindicalistas en el caso Drummond.
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