La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar las primeras decisiones en torno a la investigación que adelanta por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, ocurrido el pasado 15 de junio.
Luego de varias diligencias de inspección por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, de practicar pruebas y escuchar diferentes testimonios, el Ministerio Público determinó formular cargos y citar a audiencia de juicio disciplinario a siete de los 11 militares que habían sido vinculados al proceso.
Los implicados son:
-El coronel Ilvar Orlando González Villamil, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comandante de la Trigésima Brigada del Ejército.
-Coronel Pedro María Vega Losada, en su condición de jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada 30.
-Teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, quien se desempeñaba como comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta No. 30 BASCP para la época del atentado, y responsable de la seguridad del Cantón Militar San Jorge.
-Mayor César Alexander Carrero Salcedo, oficial de operaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 30 en Cúcuta.
-Sargento Viceprimero Luis Eduardo Espejo López, en su condición de comandante de guardia asignado bajo la orden del día No. 109, emanada del Comando del Batallón ASPC No. 30 Guasimales para el 15 de junio.
-Sargento Segundo Mario Andrés López Roque, suboficial de administración asignado bajo la orden del día para el 15 de junio.
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-Cabo segundo Oscar Leonel Pava Caviedes, quien se desempeñaba como cabo de guardia asignado para el día del atentado.
A los militares se les investiga si pudieron haber incurrido en alguna omisión de sus funciones, toda vez que como lo contó ampliamente en su momento, al parecer, el vehículo cargado con explosivos que estalló al interior de la Brigada habría ingresado a esas instalaciones sin los controles necesarios que hubieran permitido frustrar el ataque.
En esa medida, al entonces comandante de la Trigésima Brigada, coronel Ilvar Orlando González, la Procuraduría le reprocha que conforme al manual de funciones “le correspondía adelantar todas las gestiones necesarias a fin de conseguir o dar la orden a quien correspondiere para el suministro del binomio canino, el cual, conforme a los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de los explosivos”.
Dice el ente de control que la conducta presuntamente asumida por el oficial en su condición de comandante, se considera una falta grave a título de culpa.
“Para el caso que nos ocupa, se puede precisar que, con ocasión de la presunta comisión de la falta endilgada al disciplinado, el despacho considera que, en razón a la omisión del disciplinado, se habría afectado el servicio a cargo del comando de la Brigada desde el punto de vista administrativo frente a las otras unidades”, se lee en el pliego de cargos.
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Durante la audiencia de juicio, que se adelantará conforme el procedimiento del régimen disciplinario militar, los investigados podrán exponer su versión de los hechos y aportar o pedir la práctica de pruebas para su defensa.
En el proceso, que fue abierto de oficio por decisión de la procuradora general, Margarita Cabello, se determinó, igualmente, ordenar la terminación de la indagación en favor del mayor Fredy Alejandro Castillo Pineda, el capitán Carlos Iván Mayorga, el mayor Humberto Parada Galvis y el soldado Iván Andrés Yáñez Carvajal.
El atentado contra la Brigada 30 de Cúcuta dejó al menos 34 uniformados y dos civiles heridos, y fue reconocido por la disidencia del Frente 33 de las Farc.
Por estos hechos se encuentra detenido ya el excapitán del Ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez, quien es señalado como uno de los cerebros del ataque.
