La ley, firmada por el presidente Gustavo Petro, marca un hito en la historia legislativa del país al reconocer al río Ranchería como una entidad con derechos propios, enfocándose en su protección y preservación.
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La Ley 2415 de 2024 declara al río Ranchería, ubicado en La Guajira, como sujeto de derechos, reconociéndolo como una entidad que tiene derechos a su protección, conservación y restauración. Esta ley establece la obligación del Estado colombiano y de las comunidades locales de garantizar la preservación de su cauce, ecosistemas y recursos hídricos.
Además, promueve la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la gestión y cuidado del río. La ley busca asegurar que el río Ranchería sea protegido de actividades que puedan dañarlo, como la explotación minera y la deforestación, garantizando su existencia y regeneración para las futuras generaciones.
¡Histórico! ¡Lo logramos!
El Presidente @petrogustavo acaba de sancionar la ley de nuestra autoría que declara al Rio Ranchería sujeto de derechos. Le devolvimos el agua del Rio Ranchería a La Guajira.
Agradecimiento a los ponentes, a todos los Congresistas, a las… pic.twitter.com/o7DaPcgVnL— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) August 18, 2024
Este proyecto fue presentado por senadores del Pacto Histórico encabezada por Martha Peralta. La propuesta fue presentada en septiembre de 2022 y fue aprobada en el cuarto debate en la Cámara de Representantes.
Peralta agradeció a los ponentes, congresistas, organizaciones ambientales y sociales, y a las comunidades locales por su apoyo en esta lucha por el agua y la vida en la región.
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El desvío del Río Ranchería: un crimen de lesa humanidad
Corría el año 2010, cuando el expresidente Álvaro Uribe era presidente. Un proyecto empezó a funcionar para, supuestamente, abastecer de agua a la población local, la agricultura, la industria y, especialmente, dotar de agua la mina de carbón de Cerrejón.
El proyecto de la represa El Cercado, ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, fue parte de un plan para desviar el río Ranchería en La Guajira, Colombia. Sin embargo, este proyecto ha generado controversias debido al impacto ambiental y social, especialmente entre las comunidades indígenas Wayuu, quienes han denunciado la escasez de agua y la afectación de sus territorios ancestrales.
Acorde con una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la construcción de la represa El Cercado, disminuyó el consumo de agua por persona en La Guajira, dejándolo en apenas 0.7 litros diarios; mientras que la mina El Cerrejón utiliza 17 millones de litros de agua al día del río Ranchería para reducir el polvo en sus rutas de transporte de carbón.
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Según ese mismo estudio, 9 municipios (de los 15 que tiene el departamento de la Guajira) quedaron sin agua, ya que los afluentes del río Ranchería se secaron acabando con la pesca en esas comunidades. Según la Unicef, para el 2019, habían muerto más de 7 mil niños por desnutrición y deshidratación por causa del desvío de esta importante fuente hídrica de esta región.
Al principio de 2015, varias comunidades indígenas Wayuu tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que las autoridades colombianas no les garantizaron su derecho al agua. Gracias a la Resolución 60 de 2015 de la CIDH, la Corte Constitucional obligó al Estado colombiano exigirle a la represa El Cercado abrir las compuertas para que se garantice el acceso al agua de las comunidades afectadas por el desvío del afluente.
No obstante, durante más de un año, la represa no cumplió con esa orden y, hasta el día de hoy, la situación en La Guajira sigue siendo crítica, ya que la represa no cumplió completamente con la exigencia de la Corte y los propósitos para los que fue construida.
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