Durante una rueda de prensa, varios ministros, encabezados por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, explicaron las razones que motivaron esta decisión, incluyendo daños en la calidad del aire, el ecosistema manglar cercano y la contaminación de aguas residuales que podría impactar negativamente a las comunidades locales.
“Lo que se logró comprobar es que durante tres años este operador omitió reportar a las autoridades competentes que había sobrepasado el calado y el volumen bajo el cual se le había otorgado el plan de manejo ambiental”, afirmó la ministra Muhammad. Este incumplimiento constituye, según el Gobierno, una de las principales razones para suspender las actividades del muelle.
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Además, el Gobierno respondió a los cuestionamientos de la Procuraduría, que ha manifestado preocupación por la decisión. La ministra aclaró que la suspensión se mantendrá hasta que el operador demuestre que cuenta con un plan de manejo ambiental adecuado y aprobado por las autoridades competentes. “La Procuraduría no ha entregado ningún argumento de fondo para revertir la decisión de suspensión”, puntualizó.
Por su parte, Alexander López, director del Departamento Ambiental de Planeación, desmintió que la medida ponga en riesgo un número significativo de empleos en la región. Según López, las operaciones en el muelle implican una rotación constante de trabajadores, con entre 40 y 60 personas encargadas de la descarga de cada buque, lo que contradice los argumentos que defienden la continuidad del muelle para preservar puestos de trabajo.
Asimismo, López denunció las condiciones laborales precarias en los muelles del país, calificándolas como “explavitud laboral”, y criticó a la procuradora saliente, Margarita Cabello, por no priorizar los derechos laborales de los trabajadores portuarios. “Ojalá lo hubiese hecho…”, agregó.
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El Gobierno insistió en que la protección de los ecosistemas y las comunidades locales es prioritaria y que no existe una fecha definida para levantar la suspensión del Muelle 13. Para ello, será indispensable implementar protocolos ambientales estrictos que garanticen un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
La decisión genera controversia, pero reafirma el compromiso gubernamental de exigir el cumplimiento de normativas ambientales como una condición indispensable para la operación portuaria en el país.
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