Desde la Colonia Penal de Oriente en Acacías, Meta, el presidente Gustavo Petro firmó este viernes, 11 de abril, el decreto que da vida a las Casas de Acogimiento, una iniciativa sin precedentes que redefine el rol de las cárceles en Colombia y pone en marcha una nueva política pública para la reinserción social y productiva de las personas que recobran la libertad.
Acompañado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el mandatario presentó esta medida como uno de los pilares de una transformación integral del sistema penitenciario, en el marco de la Ley 2446 de 2025 sobre cárceles productivas.
El Presidente @petrogustavo explica que el nuevo decreto de atención al posegreso, que trata de un modelo carcelario en resocialización productiva que lanzó el mandatario en la Colonia Penal de Oriente, de Acacías, Meta, "trata, y aquí tiene que hacerse la experiencia, de que la… pic.twitter.com/VbLYWz55C8
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 11, 2025
“El objetivo no es seguir viendo la cárcel como un centro de castigo, sino convertirla en un centro de educación, en un centro de producción. Y que ese proceso no termine con la condena, sino que continúe después, como una ruta hacia la reconciliación con la vida”, afirmó Petro desde la histórica colonia penal fundada en 1930.
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El nuevo decreto establece que las Casas de Acogimiento estarán orientadas a recibir y acompañar a personas posegresadas —es decir, quienes ya han salido de prisión— así como a personas condenadas con prisión domiciliaria o con medidas judiciales no privativas de la libertad. Desde estos espacios, se brindarán servicios integrales para su reincorporación social, bajo enfoques de derechos humanos, género y diferencial.
“Este decreto, que comenzará débilmente, como todo en la vida, tiene el potencial de convertirse en una herramienta poderosa si se aplica con decisión: que cada persona que pase por un centro de reclusión pueda salir de él no como un marginado, sino como un actor social, como un constructor de país”, señaló el presidente.
Un nuevo modelo de justicia transformadora
La estrategia busca que la prisión deje de ser un punto final en la historia de los reclusos, y se convierta en un punto de partida hacia una vida con propósito. La ministra de Justicia explicó que las Casas de Acogimiento permitirán consolidar espacios productivos, educativos y culturales tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
“Queremos que los privados de la libertad puedan aprender oficios, desarrollar sus talentos, emprender y proyectar una vida distinta. Y que, al salir, encuentren un lugar donde continuar ese proceso”, explicó Buitrago. Las actividades productivas contempladas incluyen agricultura, artesanías, cocina, fabricación de bienes comerciales, y producción cultural y audiovisual.
Este nuevo modelo se articula con el concepto de cárceles productivas, que se viene implementando gradualmente en centros penitenciarios como la Colonia Penal de Oriente, donde actualmente 352 personas trabajan, 359 estudian y 24 enseñan. De los 733 internos que alberga hoy esta colonia —684 hombres y 47 mujeres—, más del 90% participa activamente en procesos de formación y reintegración.
Recuperar la tierra y la dignidad
La firma del decreto se dio en un contexto más amplio de reivindicación del valor del trabajo campesino y de la necesidad de recuperar el sentido original de las colonias penales agrícolas. El presidente Petro denunció que esta colonia, que en sus orígenes contaba con 300 mil hectáreas, hoy solo conserva cerca de 4.000. Por ello, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras investigar la pérdida del resto de predios y emprender acciones para su recuperación.
Además, planteó que estas tierras, si se logran recuperar, podrían servir para consolidar un sistema penitenciario rural, donde los reclusos campesinos, especialmente aquellos condenados por delitos relacionados con cultivos ilícitos, puedan redimir sus penas sembrando alimentos y contribuyendo a la soberanía alimentaria del país.
Un paso hacia la reconciliación
Petro insistió en que esta política pública no solo tiene un objetivo práctico, sino también profundamente simbólico: permitir que quienes han sido condenados puedan reconciliarse consigo mismos y con la sociedad a través del trabajo y la educación. “Queremos que la persona que pasa por una cárcel no quede marcada de por vida. Que pueda salir, construir, liderar, enseñar, volver a amar la vida bajo el sol”.
Con este decreto, el Gobierno da un paso decidido hacia un modelo de justicia transformadora que rompe con la lógica del castigo perpetuo y se orienta a reconstruir vidas. Acacías, con su historia y sus tierras aún fértiles, se convierte así en el epicentro de un nuevo horizonte para el sistema penitenciario colombiano.
