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Indignación tras asesinato de gobernadora indígena en Caldono, Cauca

Foto: Gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Cric
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Autoridades ordenaron consejo extraordinario de seguridad, mientras el Cric repudió los hechos.

En Colombia, continúa el estupor luego de que autoridades colombianas denunciaran el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, en Caldono (Cauca), justo cuando el país sufre una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de paz con las Farc en 2016. Hombres armados le dispararon a Peña junto a su casa, mientras salía en motocicleta hacia el pueblo de Pescador, en el municipio de Caldono, indicó en un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca. De acuerdo al senador Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa, en el ataque quedó "gravemente herido" otro indígena que está siendo atendido en un hospital de Popayán, capital del departamento. Valencia aseguró que la mujer estaba amenazada "por oponerse a los cultivos de uso ilícito que predominan en la región". Los indígenas y líderes de derechos humanos en Colombia son blanco de grupos armados financiados por el narcotráfico, que se disputan el control de zonas estratégicas para el tráfico de droga. "Lamentamos el asesinato de Sandra Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna, (...) quien abanderó en esta zona, rica en agricultura, ganadería y cultivo de flores, la lucha aguerrida por las comunidades indígenas", indicó e Twitter la Defensoría del Pueblo (ombudsman). La ONU condenó el ataque y pidió "medidas efectivas para que la vida de las lideresas no se vea perjudicada por su quehacer en defensa de la vida, el territorio y sus comunidades". Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía de otros representantes del Gobierno, adelantó este miércoles un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación.

¿Qué dijo el Cric?

El asesinato de Sandra Peña provocó, además, la reacción de los 127 miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), quienes rechazaron el acto a través de un comunicado titulado ‘Que no se laven las manos con la sangre de nuestros líderes’. En la misiva la organización reiteró su preocupación frente a los constantes hechos de violencia en contra de las comunidades indígenas, asegurando que “no nos pueden seguir vendiendo la idea de que el narcotráfico es la causa del reclutamiento de nuestros niños y niñas, cuando sabemos y hemos insistido, que la falla estructural que agudiza el conflicto social y armado en nuestros territorios, se ha dado por la política del gobierno del presidente Iván Duque, quien a través de sus pensadores, insiste en desconocer y volver trizas los acuerdos de paz”. Recordemos que según el observatorio independiente Indepaz 52 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2021 y 1.166 desde que Colombia firmó el acuerdo de paz con las Farc hace cuatro años.