Un nuevo escándalo de corrupción sacude el sistema de salud colombiano. La EPS Coosalud, que atiende a más de 3,2 millones de afiliados, enfrenta graves acusaciones tras revelarse el presunto desvío de más de $206 mil millones de pesos destinados a la atención médica.
El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para exponer detalles alarmantes sobre la operación, señalando directamente a Jaime González, gerente de la EPS y también representante legal de una empresa privada vinculada al caso. Según los hallazgos, la empresa privada solicitó un crédito millonario, respaldándolo con recursos públicos gestionados por Coosalud. Al incumplirse el préstamo, el banco embargó los fondos del fideicomiso público que servían como garantía, dejando un vacío financiero crítico.
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Una red de intereses privados y públicos
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, corroboró la existencia de esta irregularidad, calificándola como "corrupción estructural". Rubiano detalló que el préstamo, otorgado por el Banco GNB Sudameris en diciembre de 2022, fue incumplido en noviembre de 2024, y que dos días antes de la intervención estatal, se transfirieron $206 mil millones desde un fideicomiso público para cubrir la deuda privada.
Petro fue más allá, mencionando a los miembros de la junta directiva de la EPS, integrada por familiares de figuras destacadas del país, como Jaime Pastrana Arango (hermano del expresidente Andrés Pastrana), Rafael Santos Calderón (hermano del expresidente Juan Manuel Santos) y César Negret Mosquera (hermano del exdefensor del pueblo Carlos Negret). "Esta es la junta de Coosalud donde se 'refundieron' 200 mil millones de pesos que el erario entregó para atender a sus afiliados. Juzguen ustedes", expresó el mandatario.
Impacto directo en los usuarios
Las irregularidades financieras no solo representan un desfalco, sino también una grave afectación para los afiliados. Según la Supersalud, Coosalud solo cumplía el 6% de sus actividades operativas, lo que se tradujo en fallas en la prestación de servicios médicos, entrega de medicamentos y acceso a tecnologías de salud.
Rubiano destacó que la intervención busca estabilizar la EPS sin proceder a su liquidación inmediata, enviando un mensaje de tranquilidad a los usuarios, aunque también subrayó la necesidad de fortalecer la vigilancia en el sector.
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Un problema estructural
El caso de Coosalud es solo uno de varios dentro de un sistema de salud que enfrenta problemas recurrentes de corrupción. Petro no dudó en señalar la urgencia de implementar reformas profundas, mientras que otros actores del gobierno ya han trasladado los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control.
Este episodio, que incluye posibles transferencias a paraísos fiscales como las Islas Caimán, pone en evidencia la magnitud del desvío de recursos en la salud pública colombiana. En palabras del superintendente Rubiano: "Cada peso que se desvía de la salud es una vida que se pierde. Esto es corrupción con recursos públicos".
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