A supuestas trabas políticas atribuyó el gobernador Carlos Caicedo la no aprobación para que el Plan de Alimentación Escolar (PAE), para el Magdalena sea financiado con recursos de regalías la región Caribe y en ese sentido se estarían perjudicando a 141.000 niños del departamento. “En sesión de la instancia encargada de la aprobación de los recursos de regalías de la región Caribe (Ocad), el Gobierno Duque en cabeza de Pamela Fonrodona Zapata, representante del Ministerio de Hacienda, y sus aliados gobernadores Vicente Antonio Blel, de Bolívar, y Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de Sucre, lideraron la negativa del proyecto de alimentación escolar, PAE, afectando el derecho a la nutrición, la salud y la educación de los niños del Magdalena”, dijo Caicedo. En diez puntos, el mandatario de los magdalenenses dio a conocer su punto de vista de lo que sucedió en el Ocad Caribe que se realizó este último viernes en Cartagena. “El Gobierno Departamental presentó el proyecto Implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el Cambio, desde febrero, siendo viabilizado en mayo después por parte del Ministerio de Educación, y priorizado en el mes de agosto, alcanzando una alta calificación de 83 puntos”, explicó.
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Y agregó que “cumplidos todos los requisitos y trámites legales establecidos para este tipo de proyectos en el Sistema General de Regalías para su aprobación por el OCAD Caribe, sin embargo, el presidente de este órgano (Gobernador de Bolívar) dilató de manera indebida la convocatoria para la sesión de aprobación”. Anota que “con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se beneficiarán 141.000 niños de los 28 municipios no certificados, de 668 sedes educativas del departamento, durante 154 días calendario escolar”. Así mismo, “con este proyecto, teníamos planeado invertir recursos de regalías por $46 mil millones, además de $18.682.419.414 de contrapartida de la Gobernación del Magdalena Para un total de 64.000 millones”. “A pesar de la precaria situación presupuestal en la que la dejaron las anteriores administraciones al departamento, que se encuentra inmerso en la Ley 550, el Gobierno del Cambio dispuso el cierre financiero de este proyecto con recursos propios para garantizar el derecho y la continuidad del servicio de alimentación escolar durante la vigencia del 2022”, manifestó.