El caso, que ha capturado la atención pública desde 2018, se centra en la acusación de que Uribe, junto a su abogado Diego Cadena, habría intentado manipular testimonios de exparamilitares para favorecer su defensa.
La denuncia que originó este proceso fue presentada por el senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de ofrecer beneficios a testigos clave a cambio de declaraciones que lo desvincularon de relaciones con grupos paramilitares en Antioquia.
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Desde entonces, el caso ha pasado por varias etapas judiciales, con múltiples solicitudes de preclusión que han sido rechazadas por los tribunales, lo que ha permitido que la acusación siga su curso.
En la audiencia más reciente, la defensa de Uribe intentó aplazar el juicio argumentando que no habían recibido todas las pruebas por parte de la Fiscalía a tiempo. Aunque se solicitó más tiempo para la revisión de las pruebas, la jueza a cargo otorgó un plazo de 15 días adicionales, y el juicio continúa en desarrollo. El proceso, que lleva más de cinco años en marcha, representa uno de los casos judiciales más complejos y mediáticos en la historia reciente de Colombia.
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El resultado de estas audiencias podría tener un impacto significativo en el futuro político y personal del expresidente, poniendo en riesgo su vida en libertad. Mientras tanto, las audiencias seguirán desarrollándose con la puesta en las decisiones de los tribunales respecto a las acusaciones que pesan sobre el exmandatario.
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