Cámara de Representantes tras aprobar la reforma al SGP

¡Un paso más hacia la equidad! Congreso aprueba reforma del Sistema General de Participaciones

Foto: Tomada de X/ @CamaraColombia
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La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), recién aprobada por el Congreso de la República, ha suscitado múltiples reacciones en los sectores políticos del país.

Este proyecto, que propone aumentar del 20% al 46,5% la proporción de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) transferidos a municipios, distritos y departamentos, ha abierto debates históricos sobre descentralización, autonomía territorial y equidad en la asignación de recursos.

Tras un largo debate, en la mañana del martes 3 de diciembre se aprobó la reforma en la Cámara de Representantes, teniendo un recuento de 124 votos a favor y 2 en contra.

 

El contexto de la reforma

El SGP, estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991, es la herramienta principal para financiar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en las entidades territoriales.

La reforma presentada por el Gobierno del Cambio busca rediseñar este mecanismo para garantizar una mayor autonomía financiera a los entes territoriales y responder a las demandas históricas de las regiones por una distribución más equitativa de los recursos.

Bajo la propuesta, las entidades territoriales recibirán casi la mitad de los ICN, un cambio significativo frente a las transferencias actuales. Este ajuste tiene como objetivo no solo mejorar la prestación de servicios básicos, sino también empoderar a los gobiernos locales para priorizar inversiones en programas y proyectos con alto impacto en sus comunidades.

Reacciones en el espectro político

Las reacciones de los actores políticos han sido diferentes y reflejan los intereses y preocupaciones de cada sector.

Apoyo desde las regiones y partidos descentralistas

Gobernadores, alcaldes y líderes regionales han recibido la reforma con optimismo. Argumentan que el aumento en los recursos permitirá cerrar brechas históricas de desigualdad, especialmente en zonas rurales y territorios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

Partidos políticos con una agenda descentralista, como algunos sectores de la coalición oficialista, han destacado que la reforma representa un avance significativo en el cumplimiento de los ideales de descentralización consagrados en la Constitución de 1991.

En su intervención, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que esta modificación podría representar el "principio" de un futuro prometedor para los sectores más apartados del país:

Por su parte, la representante por el Pacto Histórico y el Partido Verde Martha Alfonso Jurado también celebró la aprobación en último debate de la reforma, asegurando que esta representará el acortamiento de brechas entre las grandes capitales y las regiones más apartadas:

Así mismo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, comentó en su intervención que "estamos en un momento decisivo para nuestro país, esta reforma al SGP representa un antes y un después en nuestra Nación, es un acto de justicia histórico para las regiones.":

Críticas desde la oposición y sectores centralistas.

Por otro lado, sectores de la oposición han manifestado reservas. Argumentan que, aunque el aumento de recursos es positivo, la capacidad administrativa de muchos municipios y departamentos sigue siendo limitada, lo que podría generar problemas en la ejecución eficiente de los fondos.

Entre las detractoras de la reforma, vuelve a sonar el nombre de la representante "Cathy" Juvinao, argumentando que "no se puede obligar a las territoriales a responsabilizarse de la educación superior":

La reforma al SGP representa un paso crucial hacia la descentralización y la autonomía financiera de las entidades territoriales, cumpliendo con una promesa pendiente desde la Constitución de 1991.

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Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de los municipios, distritos y departamentos para gestionar los recursos de manera eficiente y transparente, así como el acompañamiento técnico por parte del Gobierno Nacional.


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