Los congresistas de oposición Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo radicaron ante el Congreso de la República una acción de cumplimiento, para que el Gobierno Nacional de vía libre al proyecto de ley que busca la aprobación del Acuerdo de Escazú. Los congresistas afirmaron que la idea del Gobierno, de supuestamente socializar el acuerdo por todos los territorios del país con el fin de generar consensos y mediaciones, se trataría de una “jugadita” para no aprobar el acuerdo en Colombia. “El Acuerdo de Escazú es vital para Colombia, porque vela por la vida de los defensores ambientales e incorpora mecanismos más adecuados para protegerlos. No podemos permitir que Colombia siga siendo el primer país del mundo con más líderes y defensores ambientales asesinados sin hacer nada para remediarlo; aprobar Escazú es un paso en esa dirección”, expresaron los congresistas.
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La acción está dirigida al presidente de la República, Iván Duque; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, quienes estarían incumpliendo artículos de la Constitución Política relacionados con el manejo de este tipo de tratados. Los congresistas presentaron 34 hechos constitutivos de incumplimiento, que evidenciarían las fallas de los representantes del Gobierno encargados de aprobar dicho acuerdo, destacando así la importancia del Acuerdo Escazú en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Finalmente, los congresistas le exigen al Gobierno dar cumplimiento a la ley 32 de 1985, que enuncia el deber legal de abstenerse de actos que puedan frustrar la realización del objeto y fin del Acuerdo de Escazú y dar cumplimiento y acciones legales necesarias para que se implemente este en Colombia.Día Mundial del Turismo: 12 lugares turísticos de Colombia que no te puedes perder
La importancia de este acuerdo se evidencia en datos como, según el Atlas de Justicia Ambiental, a julio de 2020 Colombia contaba con 2.743 conflictos ambientales relacionados con la deforestación, modelo extractivista y delimitación de páramos. También de acuerdo con el informe de Global Witness, se registró el asesinato de 65 defensores ambientales en 2020 en todo el territorio nacional. Los congresistas buscan que con la aprobación de este acuerdo se proteja la vida de los defensores ambientales y de los territorios socioambientalmente afectados por este tipo de conflictos que están en aumento en Colombia.
