La amenaza de disolución que pesa sobre la ONG Memorial, pilar de la defensa de los derechos humanos en Rusia, muestra la "brusca" aceleración de la deriva dictatorial del régimen del presidente Vladimir Putin, considera una de los fundadores de la organización. "El hecho de que la situación se deteriore tan bruscamente y que la dictadura se vuelva cada vez más represiva, de una manera tan asumida, era inesperado", admite en una entrevista con la AFP Irina Shcherbakova, de 72 años, historiadora que participó en la creación de Memorial en 1989. Desde el 11 de noviembre, la ONG más antigua del país, símbolo del movimiento democratizador lanzado en el ocaso de la Unión Soviética, está amenazada de liquidación judicial. La fiscalía acusa a la organización, que agrupa a una cincuentena de entidades, de haber violado "sistemáticamente" la ley de "agentes extranjeros", clasificación que recuerda a la de "enemigos del pueblo" de la era soviética. Esa ley obliga a las ONG sospechosas a cumplir con innumerables formalidades burocráticas, dignas de una novela kafkiana, so pena de ser prohibida o sufrir sanciones penales. Peor aún, el centro de protección de derechos humanos del Memorial está acusado de defender "actividades extremistas y terroristas" mediante la publicación de una lista de presos políticos por motivos religiosos. Entre esos presos hay miembros de organizaciones islamistas o cristianas prohibidas como Hizb Ut-Tahrir o los testigos de Jehová.
- Una señal dirigida a Occidente -
Con la liquidación de Memorial -las audiencias judiciales están programadas para noviembre-, las autoridades rusas dicen que están "listas para usar toda la fuerza, toda la violencia necesaria" y demostrar así "que nadie está protegido, que 'no hay tribunal, no hay ley'", dice Irina Shcherbakova. Esta ofensiva judicial acabó conmocionando a una sociedad civil rusa duramente golpeada en los últimos meses con el envenenamiento y luego encarcelamiento del principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, prohibición de su movimiento, medios clasificados como "agentes extranjeros", opositores excluidos de las elecciones legislativas del otoño y otras medidas. Irina Shcherbakova no se hace ilusiones y teme que la decisión de prohibir el Memorial "ya se haya tomado", incluso antes de la audiencia del 25 de noviembre ante la Corte Suprema. El régimen de Vladimir Putin envía una nueva señal de fuerza a Occidente para significar que hace "lo que quiere con su sociedad civil", independientemente de las protestas, sostiene la historiadora. Desde su fundación, Memorial ha documentado incansablemente los crímenes de la URSS, recopilando miles de archivos, objetos y testimonios para sus exposiciones. Al mismo tiempo, la ONG lucha por la protección de los derechos humanos en el país.¿Hasta 2036? Putin firma ley que le permite optar por dos mandatos más en Rusia
Se distinguió en particular por investigar los abusos cometidos por las fuerzas chechenas y rusas durante las guerras chechenas de las décadas de 1990 y 2000. La organización apuntó al poderoso líder checheno Ramzan Kadyrov y sus hombres, acusados de ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros. En 2009, su representante en esta república caucásica, Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada impunemente. Más recientemente, en el otoño de 2020, uno de sus historiadores, Yuri Dmitriev, fue sentenciado a 13 años de prisión en un caso de "violencia sexual" denunciado como una trampa para castigarlo por su investigación sobre la represión estalinista.
