Después de su deceso el día de hoy, el expresidente Alberto Fujimori seguirá siendo una figura central en el escenario judicial y político de Perú. Tras cumplir condena por crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y corrupción, su situación continuó siendo objeto de intensos debates debido a los múltiples procesos judiciales que enfrentó hasta su último día de vida. A pesar de haber sido liberado tras la controvertida decisión del Tribunal Constitucional peruano en 2023, Fujimori quedó con varios casos pendientes que, seguramente, lo habrían llevado de nuevo ante los tribunales.
Lee también: Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori
Condenas previas
El 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, dos episodios trágicos en los que el grupo paramilitar Colina, bajo órdenes del entonces gobierno, ejecutó a 25 personas. Este juicio, celebrado en territorio peruano, representó un hito tanto a nivel nacional como internacional, al ser uno de los primeros casos en el que un exjefe de Estado democráticamente elegido fue condenado por crímenes de lesa humanidad en su propio país.
Además, Fujimori fue condenado por otros delitos. Entre ellos, la usurpación de funciones y corrupción, que implicaron pagos ilegales a su asesor Vladimiro Montesinos, así como el desvío de fondos públicos para financiar actividades ilícitas, como la compra de medios de comunicación. A pesar de estas condenas, el expresidente seguía siendo una figura políticamente influyente, lo que provocó un debate constante sobre el equilibrio entre justicia, política y derechos humanos en el Perú.
Te puede interesar: Alberto Fujimori buscará un nuevo mandato para 2026, pero tendría un impedimento judicial
Procesos judiciales pendientes
A pesar de las condenas ya dictadas, Fujimori tenía aún procesos judiciales por resolver. Uno de los más relevantes es el Caso Pativilca, donde se le acusó de ser autor mediato del asesinato de seis comuneros en el distrito de Pativilca, Barranca, el 28 de enero de 1992. Según la Fiscalía, el grupo Colina, responsable de varias ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno, fue el autor material de estos crímenes .
Otro de los procesos más delicados es el Caso de las Esterilizaciones Forzadas, en el que Fujimori fue acusado de haber implementado una política de control demográfico que resultó en la esterilización sin consentimiento de miles de mujeres, la mayoría de ellas indígenas y campesinas. El proceso penal fue abierto en marzo de 2021 y se considera una de las más graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a su mandato .
También destaca el Caso Chavimochic, en el que se le acusa de haber desviado fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para la adquisición de terrenos a través de testaferros. Este caso, relacionado con corrupción, sigue pendiente de resolución .
Finalmente, está el Caso de la Venta de Armas a la FARC, en el que se investiga su presunta participación en la venta ilegal de fusiles AK-47 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la Fiscalía, Fujimori y Montesinos orquestaron esta operación encubierta para vender armas a la guerrilla, violando las leyes internacionales .
Lee también: Conoce cómo iniciaron los más recientes intentos de golpe de Estado en Latinoamérica
El debate sobre su salud y la continuidad de los procesos
En medio de estos procesos judiciales, la salud de Alberto Fujimori fue un factor determinante en los últimos años. En 2023, sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera, complicando aún más su estado de salud ya frágil debido a su avanzada edad. Esta situación fue utilizada por sus defensores para argumentar que debería recibir un trato más humanitario y evitar ser sometido a más juicios.
El agravamiento de su salud coincidió con episodios de controversia política, como su reciente liberación. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú aprobó su excarcelación, ratificando un indulto que le fue otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este indulto, sin embargo, había sido anulado por la Corte Suprema en 2018, generando un prolongado enfrentamiento judicial y político sobre si debía cumplir la totalidad de su condena .
Puedes leer: Revelación de periodista israelí sobre la compra de software espía Pegasus por Colombia
Implicaciones de los procesos pendientes
Los casos judiciales pendientes de Alberto Fujimori plantean importantes preguntas sobre la justicia en Perú. Por un lado, sus detractores sostienen que la persecución de estos casos es esencial para garantizar que todas las víctimas de su régimen encuentren justicia, y para consolidar la rendición de cuentas en una democracia frágil.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú ya ha reconocido la existencia de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori, lo que refuerza la necesidad de continuar los procesos con los demás implicados.
Por otro lado, sus seguidores argumentan que se trata de una persecución política motivada por la venganza, en lugar de por la búsqueda genuina de justicia. La reciente liberación de Fujimori, facilitada por su avanzada edad y su precaria salud, dejaba dudas sobre los motivos detrás de la decisión, que bien podían ser tanto políticos como humanitarios.
A más de dos décadas de haber dejado el poder, los procesos judiciales contra Alberto Fujimori siguen siendo un reflejo de las tensiones no resueltas en Perú sobre su legado. Los casos que quedaron pendientes en su contra —Pativilca, esterilizaciones forzadas, Chavimochic y la venta de armas a la FARC— son una prueba de que la historia judicial del expresidente está lejos de concluir, aún después de su muerte.
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.
