El desacato está relacionado con el incumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-343 de 2022, mediante la cual la Corte ordenó la suspensión de la comercialización de productos químicos agropecuarios que contengan el componente activo clorpirifós.
La medida buscaba mitigar los impactos negativos de este pesticida sobre la salud pública y el medioambiente. Sin embargo, la misma sentencia contemplaba una transición gradual para evitar perjuicios severos a la economía del sector agropecuario.
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Contexto del fallo
La Corte Constitucional estableció que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) debía liderar la transición hacia la sustitución del clorpirifós, mientras que el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Jaramillo, tenía la responsabilidad de garantizar la suspensión efectiva de su comercialización. Este acompañamiento debía realizarse siguiendo los principios de coordinación y concurrencia, en colaboración con el ICA.
A pesar de las instrucciones claras de la Corte, el Juzgado determinó que el Ministerio de Salud no cumplió con las obligaciones estipuladas, lo que derivó en la sanción de arresto contra el titular de la cartera. Además, la Corte había advertido previamente que el Estado podría ejercer su facultad sancionatoria de manera reiterativa en caso de persistir el incumplimiento.
Investigación adicional
En paralelo con la orden de arresto, el Juzgado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles delitos en los que Guillermo Jaramillo pudo haber incurrido como responsable de la cartera de salud. Este nuevo capítulo podría derivar en implicaciones legales adicionales para el ministro.
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Repercusiones y declaraciones
La decisión judicial ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, especialmente por tratarse de un desacato en un tema que involucra la protección de la salud pública y el medioambiente. Hasta el momento, ni el ministro Jaramillo ni el Ministerio de Salud han emitido un comunicado oficial al respecto.
El caso pone de manifiesto la relevancia del cumplimiento de las decisiones judiciales en el marco del Estado de Derecho, especialmente cuando estas tienen como objetivo garantizar el bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental.
Noticia en desarrollo.
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