La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que solicitará la suspensión del contrato para la construcción de plantas desalinizadoras en La Guajira, valorado en más de $42 mil millones, debido a presuntas irregularidades en su celebración.
El contrato, firmado el 9 de febrero de 2024, tiene como objetivo la instalación de tres plantas desalinizadoras en los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, además de un proyecto en Puerto Estrella, con un componente autónomo de energía solar para proveer agua potable en estas comunidades vulnerables.
Este contrato está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control debido a presuntos sobrecostos y un interés ilícito en su adjudicación. Durante la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se mencionaron detalles que llevaron a la UNGRD a tomar esta decisión.
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A pesar de que no se ha realizado ningún desembolso hasta la fecha, el contratista ha ejercido presión para que se efectúe, lo que motivó la presentación de una medida cautelar por parte de la UNGRD. La audiencia en la que se decidirá esta solicitud está programada para el próximo 23 de diciembre.
Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, reiteró el compromiso de la entidad con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos:
“No cederemos a presiones de contratistas mencionados en escándalos de corrupción. Nuestro deber es garantizar el uso eficiente de los recursos en beneficio de las comunidades”. Afirmó el director de la UNGRD.
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La construcción de estas plantas desalinizadoras es un proyecto clave para resolver la crisis de acceso al agua potable en La Guajira, una región que enfrenta históricas dificultades en este aspecto. Sin embargo, las denuncias de sobrecostos y la falta de transparencia han puesto en duda su ejecución bajo las condiciones actuales.
La suspensión del contrato, de ser aprobada, abriría la posibilidad de replantear la ejecución del proyecto para asegurar que se realice con las garantías necesarias de eficiencia y legalidad.
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