El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la formalización laboral de 2.353 madres comunitarias en 141 municipios de 19 departamentos del país, una medida que implica una inversión de $6.143 millones para la vigencia de 2024.
Esta decisión, aprobada de manera unánime, cumple con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y representa un hito en la dignificación de la labor de estas mujeres que han dedicado su vida al cuidado de la niñez en Colombia.
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Compromiso con los derechos laborales
La formalización, que se realizará a través de una planta temporal, responde al artículo 137 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece que el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF, debe garantizar la progresiva formalización de las madres y padres comunitarios que laboran en los Hogares Comunitarios de Bienestar.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, celebró el avance: "Con la decisión de hoy les cumplimos a las madres comunitarias y respondemos a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo".
Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, destacó que la ampliación de la planta de personal refleja un compromiso con la equidad de género y el fortalecimiento del sistema de atención a la primera infancia.
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Reconocimiento a una labor esencial
Actualmente, Colombia cuenta con 40.469 mujeres y 109 hombres desempeñándose como madres y padres comunitarios en 933 municipios, atendiendo a más de 454.531 niñas, niños y adolescentes. De este grupo, cerca de 28 mil madres comunitarias se han graduado como tecnólogas del SENA, demostrando su compromiso con la formación y el desarrollo integral de la niñez.
Un hito en la lucha por la equidad
La medida no solo reivindica los derechos laborales de estas mujeres, sino que también refuerza el papel crucial que desempeñan en el desarrollo de la primera infancia.
Aunque se implementará a través de una planta temporal, esta formalización se da en el marco de la reforma laboral que continúa en discusión en el Congreso, y representa un avance significativo hacia la consolidación de un sistema de atención digno y equitativo.
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