Paulo Gonet, fiscal general de Brasil, acusó formalmente al expresidente Jair Messias Bolsonaro de contemplar el envenenamiento del al actual presidente Luiz Inácio Lula y asesinar a tiros a un juez del máximo tribunal del país, esto, con el fin de permanecer en el cargo luego de su derrota electoral en 2022.
El expresidente Jair Bolsonaro lleva exactamente 780 días fuera del poder de Brasil y el tiempo ha sido apenas suficiente para que, sobre su persona, pese no una, sino varias acusaciones que van desde corrupción en el proceso de vacunación durante la pandemia del Covid-19, para favorecer a su círculo más íntimo y cercano, hasta de ser el autor y estratega de un golpe de Estado contra su sucesor.
¡ATENCIÓN🚨🇧🇷! La Fiscalía brasileña denunció al expresidente Jair Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
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El documento de acusación por parte de la fiscalía indica que: "la operación para ejecutar el golpe, en la que incluso se contempló la muerte del actual presidente electo y del vicepresidente de la república, así como la de un ministro de la rama judicial, presuntamente, fue aprobado por el entonces presidente Bolsonaro".
También, el documento señala que la violencia del 8 de enero fue el último intento.
La organización criminal incentivó la movilización del grupo de personas frente al cuartel general del ejército en Brasilia, que pidió intervención militar en la política. Los participantes realizaron el recorrido acompañados y escoltados por policías militares del Distrito Federal, invadiendo y vandalizando la sede de los tres poderes. El episodio generó pérdidas de más de 20 millones de reales.
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Un plan plenamente documentado por la fiscalía brasileña
La investigación del fiscal, que contiene 272 páginas, establece que los miembros de la organización, estructuraron el plan para atacar el palacio presidencial y las instituciones circundantes con el fin de derribar el sistema de poderes y el orden democrático. Dicho plan criminal, de acuerdo con accesos a manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes, recibió el nombre de ‘Daga verde y amarilla”.
En el acta de acusación reposa que este plan fue puesto en conocimiento del entonces presidente, y contó con su aprobación. Sin embargo, al ser increpado por medios de comunicación, Jair Bolsonaro respondió que: “no está preocupado por esta acusación, en lo absoluto”.
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La acusación deriva de un informe de 884 páginas presentado por la Policía Federal de Brasil hace 4 meses al fiscal, Gonet, en el cual, se detalló el plan ‘Daga verde y amarilla” por etapas y que constituye sistematicidad para desinformar sobre el sistema electoral; la emisión de un decreto dando cobertura jurídica al plan y con este presionar la cúpula militar para que apoyara el motín en la capital para que Bolsonaro permaneciera en el cargo y que según el fiscal, contempló la pretensión de envenenar a Lula y matar a tiros Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, adversario del expresidente.
Camila Bradford
