El anuncio del Gobierno argentino de habilitar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes en universidades públicas ha generado un intenso debate sobre las implicaciones de esta medida para el sistema educativo. Desde el Ejecutivo, se argumenta que esta política busca aliviar las cargas sobre las instituciones estatales. Sin embargo, sectores de la comunidad académica y estudiantil consideran que podría abrir la puerta a la privatización de la educación superior.
Un paso hacia la privatización
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó esta semana que las universidades nacionales podrán cobrar matrículas a estudiantes internacionales no residentes. Según datos oficiales, de los más de 2.7 millones de estudiantes universitarios en 2022, cerca del 4.1% provienen del extranjero, lo que representa alrededor de 122,769 alumnos. En algunas facultades, como Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los estudiantes internacionales constituyen hasta el 23% de la matrícula.
Adorni destacó que esta medida busca convertir a los estudiantes extranjeros en una fuente de financiamiento para las universidades. "Uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero, lo que genera una carga adicional para el sistema", señaló. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por académicos como Pablo Ceriani Cernadas, especialista en migración y asilo, quien recordó que los extranjeros también contribuyen al sistema tributario argentino, desmintiendo la noción de que no aportan al financiamiento de la educación.
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Reacciones desde la comunidad estudiantil
El rechazo de estudiantes y docentes no se ha hecho esperar. Durante una protesta en la Facultad de Medicina de la UBA, un estudiante expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta política: "Es abrir una puerta muy oscura. Hoy cobran a los extranjeros; mañana podrían hacerlo con los nacionales que no pueden pagar". Además, enfatizó la importancia de la diversidad en las aulas argentinas: "Es hermoso compartir clases con compañeros de toda América Latina que vienen a cumplir un sueño".
Por su parte, una alumna brasileña residente en el país manifestó que, aunque comprende la necesidad de que los estudiantes internacionales contribuyan, "esto implicaría renunciar al carácter público y gratuito de la universidad, lo cual sería lamentable".
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Un sistema reconocido por su gratuidad
El sistema universitario argentino es ampliamente reconocido en la región por su gratuidad y calidad, atrayendo a miles de estudiantes internacionales, principalmente de América Latina. Según el informe de la Secretaría de Educación, la mayoría de los estudiantes extranjeros provienen de países como Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia. La UBA, la institución mejor posicionada de Iberoamérica, lidera en diversidad, seguida por universidades como la de La Plata, donde el 24% de los estudiantes de Ciencias Médicas son extranjeros.
No obstante, algunos expertos advierten que el cobro a extranjeros podría ser el primer paso hacia una arancelización más amplia. "El financiamiento de la educación pública debe ser un compromiso estatal sostenido, y no un privilegio condicionado al pago", afirmó Ceriani Cernadas.
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¿Privatización velada o política migratoria?
Además del cobro de aranceles, el Gobierno ha anunciado restricciones en la atención médica gratuita para extranjeros no residentes, argumentando la necesidad de un "país ordenado". Este enfoque ha sido interpretado por algunos como un endurecimiento de las políticas migratorias, bajo el pretexto de la crisis económica que afecta al país.
Sin embargo, los críticos señalan que estas medidas podrían vulnerar derechos fundamentales y socavar el carácter inclusivo que históricamente ha definido al sistema educativo argentino. "El acceso a la educación y la salud pública no debe ser objeto de exclusión. Es una inversión en el desarrollo humano y en la integración regional", concluyó un vocero estudiantil.
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La propuesta de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en universidades públicas argentinas representa un cambio significativo en la política educativa del país. Mientras el Gobierno la justifica como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, sus críticos advierten que podría marcar el inicio de un proceso de privatización. En un contexto de crisis económica, este debate pone en juego no solo el modelo educativo argentino, sino también los valores de equidad e inclusión que lo han caracterizado históricamente.
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