La Sección Tercera del Consejo de Estado, subsección B, condenó al Estado colombiano por las interceptaciones ilegales, seguimientos y una campaña de desprestigio realizada en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería.
La decisión revocó una sentencia de primera instancia que había absuelto al Estado de responsabilidad, imponiendo ahora una condena que incluye el pago de 20 salarios mínimos por perjuicios morales, así como la obligación de ofrecer disculpas públicas al demandante.
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El Consejo de Estado argumentó que las acciones ilegales cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) atentaron gravemente contra la privacidad del magistrado.
“17-En este caso se encuentra acreditado que el DAS, sin contar con autorización legal para ello, adelantó operaciones ilegales dirigidas a hacer seguimientos a particulares y a funcionarios públicos, y está demostrado que dentro de la entidad se creó un organismo con este propósito”.
“La intromisión en la vida privada de los ciudadanos o la recopilación de información atinente a ella con el objeto de utilizarla indebidamente, genera perjuicios morales que se traducen en sentimientos de inseguridad, zozobra, desconfianza y vulnerabilidad”, señaló el alto tribunal en su fallo.
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El magistrado Jaime Araújo Rentería fue objeto de seguimientos ilegales durante su tiempo como miembro de la Corte Constitucional.
Según las pruebas aportadas en el proceso, en 2003, el DAS creó un grupo especial denominado G-3, cuyo objetivo era realizar seguimientos clandestinos a particulares y funcionarios públicos, entre ellos el magistrado Araújo.
Además, el fallo también contiene testimonios y confesiones de exagentes del DAS:
“22.1- La declaración y la posterior indagatoria del señor Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien reconoció haber dirigido el G-3 entre 2003 y 2005 por instrucción del director general de inteligencia del DAS. El objetivo inicial fue el de realizar seguimientos a ONG, como el Colectivo de Abogados José Alvear Rastreo, la Comisión Colombiana de Juristas y Redepaz y a periodistas. En la declaración inicial, señaló que el <<G3 no estaba legalmente constituido, pero siempre fue de conocimiento constitucional…>>”
El Consejo de Estado concluyó que estas operaciones carecieron de cualquier autorización legal, lo que configuró una grave violación de los derechos fundamentales del demandante.
Además de las pruebas documentales, se citó una investigación penal y publicaciones de medios de comunicación como la revista Semana, que confirmaron la existencia de dicho grupo ilegal y su implicación en los seguimientos al magistrado.
En su fallo, el Consejo de Estado también criticó la omisión de las autoridades públicas, que no actuaron para investigar las sospechas de Araújo ni para detener las actividades ilegales en su contra.
“Las autoridades competentes no ofrecieron explicaciones ni adelantaron alguna acción inmediata dirigida a conocer cuáles eran las razones que motivaban sus sospechas”, subrayó la decisión.
De hecho, esta resolución del Consejo de Estado se conoce, precisamente, dos días después del descubrimiento del nuevo modelo de espionaje ilegal, denominado Pegasus, denunciado por el mismo presidente Gustavo Petro.
Según las primeras indagaciones, este software ilegal, fue comprado por el gobierno de Iván Duque a Israel por $11 millones de dólares. Esta aplicación ilícita había sido implementada para chuzar a periodistas, opositores y magistrados; igual, que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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